Modifica diversos cuerpos legales con el objeto de establecer medidas en materia de educación y trabajo que garanticen la igualdad de género
| Fecha | 05 Abril 2017 |
| Número de Iniciativa | 11181-18 |
| Fecha de registro | 05 Abril 2017 |
| Etapa | Archivado |
| Autor de la iniciativa | Boric Font, Gabriel, Jackson Drago, Giorgio |
| Materia | IGUALDAD DE GÉNERO |
| Tipo de proyecto | Proyecto de ley |
| Cámara Legislativa de Origen | Cámara de Diputados,Moción |
Modifica diversos cuerpos legales con el objeto de establecer medidas en materia de educación y trabajo que garanticen la igualdad de género
Boletín N°11181-18
Antecedentes
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Las políticas de igualdad de género en el Chile de la transición
Durante las últimas décadas la privatización y la mercantilización de las condiciones de vida de las personas han llegado a niveles inéditos. Las mujeres son uno de los grupos más afectados por este proceso, pues además de asumir las tareas domésticas y de cuidados (de ancianas/os, niñas/os, enfermas/os, etc.), se han constituido en una fuerza de trabajo precarizada y con escaso reconocimiento social, pues se asocian sus labores a tareas “naturalmente femeninas” propias de la “esfera privada”.1
La asociación del trabajo doméstico y de cuidados a las mujeres como un atributo casi natural a su género, se ha hecho a través de las diversas instituciones de nuestra sociedad, partiendo por el Estado. La construcción del género, entendida como los “atributos sociales y las oportunidades asociadas con el ser femenino y masculino” dentro de nuestras sociedades neoliberales y conservadoras se elabora desigualmente y se transmite a través de diversas instituciones tales como la familia y la escuela; las leyes; las políticas públicas y el resto de las instancias de socialización de los sujetos.2
Las políticas de igualdad de género impulsadas desde la institucionalidad han resignificado los ideales feministas, siendo funcionales al modelo neoliberal ya que han utilizado la categoría género, pero quitándole su componente disruptivo y limitándolo a la equidad de género y su expresión liberal la “igualdad de oportunidades”. En ese sentido, se puede señalar que el feminismo liberal hegemónico y el neoliberalismo,3 miden el avance de la lucha de género según la inserción de las mujeres al mercado del trabajo productivo, como fuerza de trabajo precaria y flexible para hacerla compatible con la satisfacción de las necesidades reproductivas que siguen recayendo prioritariamente sobre el tiempo de las mujeres4. Las encuestas de uso de tiempo y de dependencia muestran que son las mujeres las que siguen asumiendo este trabajo. Así las cosas, las última encuesta del uso del tiempo efectuada por la INE en nuestro país indica que “en promedio, las mujeres destinan 3 horas más que los hombres al conjunto de todas las actividades de trabajo no remunerado (Trabajo doméstico; Cuidados a integrantes del hogar; Trabajo no remunerado para otros hogares, la comunidad y voluntario)”5
Al analizar las políticas públicas del Chile de la transición se puede apreciar que éstas, en general, no suelen cuestionar el orden social vigente, el modo de reproducción social cargado en la figura femenina, la división sexual del trabajo ni su relación con el actual modelo socioeconómico, sino más bien instauran la transversalización de una perspectiva de género que si bien puede mejorar la condición de vida de las mujeres no apunta a cambiar su posición en ella. Dichas políticas públicas tienen como característica una focalización sectorial que no ofrecen una perspectiva feminista emancipatoria.
Según Schild, ha sido crucial para el proyecto neoliberal la institucionalización del concepto de autonomía, que si bien ha dado nuevos espacios para las mujeres, ha creado nuevas formas de opresión. Esto se expresa principalmente a través de los programas de «transferencias monetarias condicionadas» los cuales supuestamente están dirigidos a las familias, pero tienen como claro objetivo a las mujeres. El programa Chile solidario, por ejemplo, entrega ayuda en efectivo a las mujeres con la condición de que garanticen que sus familias cumplan con los requisitos establecidos por el programa en áreas como la escolarización, la atención sanitaria y la empleabilidad.
Para revertir esta perspectiva de empoderamiento a través del mercado, urge avanzar efectivamente en mejorar la condición y posición de las mujeres y la disidencia sexual, desafiando las construcciones tradicionales del género y la especial condición de opresión a la que están sujetas la mujeres en comparación a los hombres.
En esa medida, tienen importancia tanto los cambios que se realizan a nivel de las normas e instituciones que rigen nuestras sociedades, como aquellos que se realizan a nivel social, cultural o comunicacional. Aunque la dictación de una ley no cambiará de manera radical la forma en que se concibe la identidad femenina, masculina u otras identidades, ni las condiciones de vida que hombres, mujeres y trans, tengan en una sociedad (tanto en su esfera pública como en la esfera privada), sí puede contribuir en promover la discusión pública y en modificar estructuras que con posterioridad pueden evidenciar ciertos cambios en cuanto a los roles que hasta ahora les corresponden a hombres y mujeres en nuestra sociedad e incluso en cuanto a la desmercantilización y la colectivización de tareas que hasta ahora han sido consideradas parte de la “esfera privada”.
2. El contexto de Chile
En Chile, la incorporación de la mujer al mundo laboral no es un fenómeno reciente de la mitad del siglo XX y no ha sido ajeno desde sus comienzo a la división sexual del trabajo. Sus orígenes se encuentran íntimamente vinculados a los procesos de migración y urbanización dentro del territorio nacional a lo largo del siglo XIX cuando hombres y mujeres abandonan los campos y migran a la urbe a trabajar en industrias, ferroviarias, puertos y minas, circunscribiendo las mujeres particularmente a labores de servicios domésticos o ventas de alimentos6. Posteriormente, con el desarrollo de la industria en Chile se crea en 1888 la escuela de Artes y Oficio para Mujeres en Santiago que pasó a llamarse "Escuela Profesional de Niñas" cuyo fin era capacitar a las mujeres en labores que podían ser desarrollados en sus propios hogares, sin necesidad de maquinarias encarecidas, enseñándose principalmente "Moda, Lencería, Bordado, Guantería, Cartonaje, y Marroquinería, Cocinería, Lavado y Aplanchado, Dibujo y enseñanza comercial" 7y posteriormente creándose las Escuela de Niñas tanto en Valparaíso como en Concepción y posteriormente a lo largo del país. Pudiéndose, por tanto, identificar, un primer momento ya de división sexual del trabajo en donde el hombre se inserta principalmente en sectores industriales y extractivistas, mientras que la mujer a la industria manufacturera.
Con los avances históricos, ya hacia 1920 las principales actividades en que las mujeres participaban eran, por un lado, los servicios, comprendiendo el servicio doméstico con un 82,8%, enseñanza con un 65%, culto con un 56,3% y profesiones médicas con un 52,4% de participación, y por otro, el comercio.
A partir de la década de los 30, con los gobiernos del frente popular (1938-1952) es donde podemos visualizar con mayor determinación las primeras atribuciones de roles dentro de las familias y el asentamiento de la división sexual del trabajo mediante políticas públicas estatales.
Frente a los conflictos sociales que comenzaron a surgir y la creciente organización y empoderamiento de la clase obrera, el aparato estatal impartió distintas políticas de estado que buscaban convencer y educar a hombres y mujeres, por un lado, a la formación de familias fomentando la constitución de familias legales mediante el matrimonio civil monógamo e indisoluble, y por otro lado, de construcciones de determinados tipos de relaciones sociales al interior de las sociedades populares; proceso que se conoció como la moralización de la clase trabajadora; vinculando a la mujer con el mercado laboral por medio de dos instituciones, el salario familiar y los cursos de economía doméstica que se impartían a las mujeres.
El movimiento obrero tomó como suyo el concepto de "salario familiar", entendido como un salario para el obrero, en tanto trabajador de sexo masculino que cubriera todas las necesidades del grupo familiar. Para CAAMAÑO esto fue un “proceso fuertemente influenciado por un modelo de familia tradicional y conservador que es impulsado por las élites para alcanzar el control social de los sujetos populares, pero, a la vez, reivindicado por el propio movimiento obrero en lo que atañe al trabajo de mujeres y de niños”8. Y la mujer fue receptora de una serie de políticas que promovieron la concepción de la maternidad como símbolo de feminidad y que desincentivaban el ingreso al mundo laboral, marcando así la atribución de roles dentro de la familia y el asentamiento de la división sexual del trabajo.
En consecuencia vemos que el origen de la protección del trabajo con el eventual desarrollo de legislación laboral se encuentra determinado para la protección de la familia con el fin de controlar a los actores sociales mediante la moralización de la clase trabajadores y la reclusión de las mujeres al hogar. Marcando la división del espacio público y privado y determinando roles de género para cada cual. Así, la mujer se valoriza como madre y esposa y el hombre como proveedor del hogar y representante de la familia en lo público9.
Ya a partir de la segunda mitad del siglo XX tanto en Chile como en América Latina la inserción de la mujer al mundo laboral fue en aumento progresivo, entre 1990 y 2008 la participación femenina aumentó de un 32% a un 53%.10
Ahora, si bien el aumento de la inserción femenina al...
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