Modifica el decreto con fuerza de ley N° 2, de 2010, del Ministerio de Educación, que fija el texto refundido, coordinado y sistematizado de la ley N° 20.370, con el objeto de perfeccionar la normativa que rige a las instituciones de educación superior.
| Fecha | 18 Octubre 2012 |
| Número de Iniciativa | 8639-04 |
| Fecha de registro | 18 Octubre 2012 |
| Etapa | Archivado |
| Autor de la iniciativa | Rivas Sánchez, Gaspar |
| Materia | EDUCACIÓN SUPERIOR, INSTITUCIONES DE EDUCACIÓN SUPERIOR, MINISTERIO DE EDUCACIÓN |
| Tipo de proyecto | Proyecto de ley |
| Cámara Legislativa de Origen | Cámara de Diputados,Moción |
|
|
Modifica el Decreto con Fuerza de Ley N° 2, de 2010, del Ministerio de |
FUNDAMENTOS:
Indiscutible resulta reconocer que el debate sobre la educación en nuestro país se instaló, con la fuerza y cobertura que posee hoy, gracias a las sistemáticas acciones y movilizaciones de grupos organizados de estudiantes.
Estos jóvenes fueron capaces de colocar en la opinión pública, en la agenda gubernamental y en el trabajo parlamentario un sin número de asuntos que se vienen arrastrando desde hace décadas en nuestro país, perjudicando a centenares de miles de jóvenes al privarlos de una educación de excelencia.
Las sucesivas y multitudinarias concentraciones de los estudiantes secundarios y universitarios han desnudado una realidad preocupante e injusta, como es que nuestros niños y jóvenes hoy se matriculan en instituciones de educación sin más garantías de excelencia que la propia voluntad y decisión de progresar.
Hoy nuestro país tiene la oportunidad histórica de generar un cambio real en materia de administración y ejecución educativa y creemos que este contexto es motivo suficiente para motivarnos a todos, actores sociales, políticos, empresariales, etcétera, a enfrentar el desafío de resolver de una buena vez las trampas de un sistema probadamente ineficiente y perverso.
A principios de los años ochenta y producto de una grave crisis económica, la administración de la época decidió aplicar, en casi todos los ámbitos y áreas, una estrategia (sistema) de liberalismo exacerbado, a fin de contrarrestar las consecuencias negativas que dejó la política estatista de las décadas anteriores y que dejó al mercado chileno aislado casi en su totalidad. Se quiso, en pocas palabras, curar un mal de un extremo, empujando al país hacia el otro.
La educación no fue la excepción, o mejor dicho, fue uno de los principales campos que se intervino, liberándolo de tal forma que, corno se creía en aquella época, la creciente demanda fuera subsanada por una libre oferta, dejando vacíos importantes en materia de regulación.
La concepción que se tenía del Estado y su rol en el Chile de fines del siglo veinte no fue la correcta y podemos afirmar hoy que el deseo de establecer un Estado subsidiario, carente de todo tipo de intervencionismo, finalmente se convirtió en el factor más negativo para el sistema educacional.
Debido a la crisis política de esos años y a los problemas económicos de arrastre mencionados, el Estado chileno se vio forzado a estimular la inversión privada en diferentes áreas, entre ellas la educación, dándoles subsidios y facultades a los inversionistas para iniciar sus propios proyectos con el propósito de lograr la cobertura necesaria para que los sectores emergentes y vulnerables pudieran competir en el nuevo esquema liberal que se impulsó el país.
La ausencia de regulaciones generó, y en poco tiempo, que los inversionistas privados consiguieran levantar establecimientos con un mínimo de exigencias, produciendo un aumento explosivo de instituciones (universidades, institutos profesionales, centros de formación técnica, colegios, etcétera) al tiempo que provocaban la merma en la calidad del servicio que debían prestar al país.
El repentino incremento en la oferta educacional acarreó otro gran problema: la demanda de profesores, asunto que sólo vino a empeorar el cuadro al verse obligadas las autoridades a adoptar medidas rápidas a objeto de consentir como
docentes a personas que, pese a sus competencias laborales, no respondían a las necesidades académicas y metodológicas que el proceso de enseñanza requerían.
La calidad, nuevamente, sucumbía ante la cantidad.
Producto de las malas políticas adoptadas es que, durante los gobiernos de la década de los noventa y principios de este siglo, se intentó implementar, por parte de las autoridades, diversos cambios al sistema, en su mayoría buenas ideas, pero ninguna que lograra sortear con éxito la falta de fiscalización y su pésima aplicación.
Uno de estos cambios y que, se suponía, vendría a revolucionar positivamente el sistema educacional, fue la creación del financiamiento compartido. Esta disposición, aprobada en 1993, permitió a los padres y apoderados aportar a la educación de sus hijos por sobre el financiamiento que el Estado destinaba a través de la subvención educacional.
Esta medida se presentó como una oportunidad para entregar más recursos a la educación y así disminuir, en lo posible, las brechas de gasto entre la educación pública subvencionada y la particular pagada.
En el papel, como siempre, la idea parecía excelente, y hasta loable, pero al igual que las políticas implementadas en los años ochenta, la realidad demostró que dicha política era injusta y segregadora. Así, sólo los padres y apoderados que tengan los recursos para realizar el copago podrían optar a elegir el establecimiento, en desmedro de aquellas que no los tenían.
Para nadie sería sorpresa entonces que, después de aplicarse la idea del financiamiento compartido, el "Ranking Duncan", sobre segregación escolar, Chile apareciera en la posición 64, siendo 58 el escalafón promedio de América Latina y 25 en los países miembros de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE).
Otro de los cambios que se anunció fue la expansión de cobertura. En esta oportunidad, el Estado inyectó una enorme cantidad de recursos al sistema público y privado, con el requisito de que estos debían incorporar al 15% de los estudiantes más vulnerables a sus escuelas.
Aquí, a diferencia del financiamiento compartido, el problema no estuvo en el origen de la idea, sino que en la aplicación de la medida. La falta de fiscalización y sus inexistentes medidas de castigo hizo que sólo un pequeño porcentaje de establecimientos cumpliera con la norma, transformando esta política en un regalo para los sostenedores, muy similar a lo sucedido con la Ley General de Educación (LGE), que prohibía la selección de alumnos en enseñanza básica, pero que su nulo control y bajo nivel coercitivo, hicieron que su evasión fuera algo absolutamente común.
Todo lo anterior, sumado a la adopción casi dogmática por parte de las autoridades de exámenes estandarizados para evaluar a los "mejores" establecimientos educacionales, generó un estigma negativo en la población, sobre todo contra la educación pública.
Prueba inequívoca de esta mala fama es la migración que han emprendido las familias al optar por matricular a sus hijos en establecimientos privados, incluso a riesgo de hipotecar su futuro endeudándose por años y años.
La realidad indica que esto no es más que una etiqueta negativa gratuita. Un falsa sensación de superioridad de la educación privada por sobre la pública. F...s más, recientes estudios demuestran que la diferencia de Puntales de la prueba Simce no tiene su origen en el tipo de colegio, sino que el nivel socioeconómico del alumno.
A lo anterior, es necesario incorporar otro factor no menor, la segregación social sectorial.
Según diversos estudios, uno de los factores primordiales que consideran las familias a la hora de elegir un establecimiento educacional es la cercanía de este con sus domicilios y, lamentablemente, esto coopera a la segregación educacional de manera viciosa, ya que los colegios de escasos recursos se ubican en sectores de escasos recursos. Por su parte, el caso opuesto sucede en barrios de altos ingresos económicos.
Con esto se demuestra que detalles tan mínimos y simples como la ubicación de un colegio puede afectar de manera directa y proporcional en falencias sociales tan crudas como la segregación. Se hace necesario entonces, implementar políticas integrales que, en este caso, afectan también al Ministerio de Vivienda en la construcción de un plan habitacional que incorpore estas consideraciones académicas y sociales.
Con estos antecedentes, es fácil concluir que el desprestigio de los establecimientos del sector público ha sido promovido, improcedentemente a nuestro juicio, por un sistema liberal exacerbado, carente de apoyos económicos y logísticos relevantes, dependiente de campañas publicitarias para su subsistencia y que, por supuesto, los establecimientos públicos no pueden costear.
Lo más perturbador es que sabemos dónde están los obstáculos y por ello, con los antecedentes aquí expuestos, resulta vergonzoso ver los rostros de sorpresa de algunos al conocerse las cifras que lo evidencian, por ejemplo, las de comprensión lectora en los estudiantes de primer año de la Universidad de Chile.
84% de los alumnos obtuvo un nivel insuficiente y eso que son "lo mejorcito" y es una de las instituciones de educación superior que concentra los más altos puntajes del país y cuya procedencia, en su gran mayoría, es de establecimientos particulares.
CONTENIDO DEL PROYECTO: Financiamiento:
Nuestra iniciativa, lamentablemente, no permite que presentemos modificaciones en aquellas áreas de competencia única del ejecutivo, sin embargo, creemos necesario dejar el camino pavimentado para que el Ejecutivo las incorpore, tomando en cuenta que los fondos o aportes que está estimando, desde el año 2011, son absolutamente insuficientes_
En el segundo semestre del año 2011, el Ministro de Educación de la época, don Felipe Bulnes, en conjunto...
Para continuar leyendo
Solicita tu prueba