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Modifica la Constitución Política de la República estableciendo el deber de rendición de cuentas de los órganos y Magistraturas Públicas, y la institución del voto programático.

Fecha13 Junio 2011
Fecha de registro13 Junio 2011
Número de Iniciativa7716-07
Autor de la iniciativaCeroni Fuentes, Guillermo, Chahin Valenzuela, Fuad, De Urresti Longton, Alfonso, González Torres, Rodrigo, Harboe Bascuñán, Felipe, Jaramillo Becker, Enrique, Muñoz D'Albora, Adriana, Vallespín López, Patricio
MateriaCONSTITUCION 1980
Cámara Legislativa de OrigenMoción,Cámara de Diputados
EtapaPrimer trámite constitucional (C.Diputados) Primer informe de comisión de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento
Tipo de proyectoProyecto de ley

Modifica la Constitución Política de la República, estableciendo el deber de rendición de cuentas de los órganos y Magistraturas Públicas y la institución del voto programático
Boletín N° 7716-07


VISTOS:

Lo dispuesto en el Capítulo XV de la Constitución Política de la República, lo prevenido la Ley N° 18.918 Orgánica Constitucional del Congreso Nacional y lo establecido por el Reglamento de la H. Cámara de Diputados.

CONSIDERANDO:

1° Que a contar de la década de los años ochenta del siglo recién pasado, se inició en América Latina un proceso de democratización acelerada que permite hoy en día contar en la inmensa mayoría de los países latinoamericanos con gobiernos elegidos de conformidad a las reglas de la democracia liberal, mediante elecciones libres, con garantías de igualdad entre todos los contendientes políticos.

Sin embargo, a medida que han transcurrido los años la inicial adhesión de grandes contingentes de ciudadanos a la democracia como forma de gobierno ha ido mutando hacia sentimientos de indiferencia, inconformidad y en algunos casos puntuales de franco cuestionamiento sobre su eficacia para resolver los grandes problemas de desigualdad, justicia y participación ciudadana.

Las democracias, con sus promesas de derechos y libertades individuales y de progreso y bienestar social, se han ido desvaneciendo, en parte por la incapacidad de los estados latinoamericanos de superar problemas estructurales de base que impiden por una parte plena expresión política de la ciudadanía a través de la participación y por otra la continuidad de estructurales sociales y económicas que reproducen injusticias e inequidades de larga data en la distribución de las riquezas y de las oportunidades para el pleno desarrollo de la persona humana.

A casi tres décadas de democracia continua en América Latina, los latinoamericanos sentimos severas disconformidades con el régimen político que hemos construido, lo que sin duda pone en jaque su sustentabilidad futura en el tiempo. Los que ayer creíamos sólidos cimientos político institucionales, hoy día aparecen a los ojos de grandes mayorías, como estructuras destinadas a sostener en el tiempo un entramado político burocrático, en donde una suerte de nueva "nomenklatura" de funcionarios y dirigentes políticos se reparten los beneficios del ejercicio del poder.

Resultan preocupantes los datos que aporta Jaime Fierro (Flacso: 2008) quien indica que "en las encuestas Latinobarómetro y Eurobarómetro del año 2000, por ejemplo, mientras que la adhesión a la democracia en los países de la Unión Europea fue de un 78%, en los países latinoamericanos llegaba sólo el 56%. Sólo tres países de América Latina, Costa Rica, Uruguay y Venezuela, manifestaban niveles de adhesión a la democracia comparables con los alcanzados en las democracias de Europa Occidental_ A la fecha -2008-desafortunadamente, dicha tendencia no ha cambiado."

2° Que el caso de Chile no dista mucho de diferenciarse al de otros países, pues a los notables avances que han existido en materia de bienestar social, en donde se ha pasado de un 40% de pobreza de su población al inicio de la década de los noventa a un 13% el día de hoy, siendo uno de los casos paradigmáticos de la relación entre democracia y progreso social a nivel latinoamericano, sin embargo el electorado se muestra cada vez más desafectado de la política y especialmente con los políticos en tanto agentes profesionales dedicados a la administración del poder público.

La crisis de la democracia representativa como modelo político es evidente. El Congreso Nacional en particular muestra niveles de valoración ciudadana que son paupérrimos; los alcaldes y concejales son objeto de críticas cada vez más intensas fruto de la extrema despolitización y alta burocratización de su trabajo y en el caso de los gobiernos regionales, simplemente son invisibles para la ciudadanía, habida cuenta del carácter no democrático de sus autoridades.

3° Que llega a tal la crisis de la democracia representativa que incluso un politólogo tan reputado como Guillermo O Donell ha llegado a decir que en América Latina existen democracias que podrían ser definidas como "democracias delegativas". Según sus palabras estas "se basan en la premisa de quien sea que gane una elección presidencial tendrá el derecho a gobernar como él considere apropiado, restringido sólo por la dura realidad de las relaciones de poder existentes y por un período en funciones limitado constitucionalmente. El presidente es considerado como la encarnación del país, principal custodio e intérprete de sus intereses. Las políticas de su gobierno no necesitan guardar ninguna semejanza con las promesas de su campaña".

Para los autores de este proyecto de reforma, una democracia delegativa termina por socavar a la democracia como sistema político y la hace inviable en el mediano y largo plazo, pues genera las condiciones para el surgimiento de liderazgos carismáticos de corte autoritario, los cuales en América Latina devienen en regímenes autoritarios, como ha sido la experiencia vivida durante buen aparte del siglo XX.

4° Que ante este escenario de amenazas para la democracia, a nivel internacional, han surgido nuevas voces provenientes de la Academia y de la Sociedad Civil que propugnan cambios centrados en restituir un al soberano, esto es al Pueblo, cuotas de poder que fueron monopolizadas por los actores políticos tradicionales, sean estos representante populares, funcionarios del Estado o partidos políticos. Se propende en consecuencia en generar espacios de participación más activa de la ciudadanía, que permita su empoderamiento como actores relevantes del proceso político.

En algunos países esto ha dado lugar a profundas reformas que han permitido construir regímenes de gobierno y administración que están sujetos a exigencias de rendición de cuentas exigentes, con control ciudadano efectivo de las actuaciones, y en algunos casos más avanzados, incluso han permitido generar instrumentos de participación política activa como son los referéndums revocatorios, los presupuestos participativos o la iniciativa popular de ley.

Uno de los instrumentos que a nuestro juicio ofrecen mejores posibilidades de desarrollo dice relación con el denominado voto programático, este es el que permite a los electores votar por programas concretos de acción gubernativa a nivel local, estadual o nacional. Con esto se ataca derechamente uno de los problemas centrales de la democracia, como es la falta de falta de credibilidad que tienen las personas que aspiran a convertirse en representantes populares y a ejercer funciones ejecutivas, parlamentarias o concejiles. También esto permite detener las malas prácticas de las promesas de corte populista, que se verifican cuando se hacen promesas electorales a sabiendas que es imposible cumplirlas, o en casos más graves aún, cuando se ofrecen actuaciones futuras que incluso están fuera de las atribuciones y competencias de las magistraturas que se pretende servir.

Resaltamos en esta parte las normas aprobadas por Colombia, que reformó su Carta Fundamental el año 1991,incorporando la figura del voto programático por la vía de exigir a quienes se presentaran como candidatos a los cargos de gobernadores y alcaldes a formalizar al momento de su inscripción como candidatos su programa, el que es obligatorio para ellos al momento de ser electos. Las normas constitucionales correspondientes luego fueron desarrolladas por la Ley N° 152 de 1994, la cual precisó el proceso de elaboración y formulación del plan de gobierno el que debe ser luego sometido a la decisión de instancias representativas colectivas en cada caso.

Otra innovación en la materia es la referida a la exigencia de planes de metas que son medibles por parte de la ciudadanía en la administración local de Sao Paulo. Para estos efectos la Ley de Municipales prescribe la obligación de su formulación al momento de declararse las candidaturas y la generación durante el ejercicio del mandato edilicio de instrumentos de medición de cada uno de los avances en el cumplimiento del plan, los que son monitoreados por los ciudadanos a través de las denominadas auditorias ciudadanas.

5° Que en nuestro país, aún estamos regidos por una Constitución que conserva , pese a las innumerables enmiendas a que ha sido sometida, normas en donde la configuración del poder siempre cede en beneficio de quien ostenta un cargo ejecutivo. Así los únicos ejecutivos electos, Presidente de la República a nivel nacional y el alcalde a nivel local, tienen estatutos que les aseguran prerrogativas y atribuciones muy amplias, con pobres sistemas de contrapesos de poder por parte de las asambleas, entiéndase Congreso Nacional y Concejo Municipal, además sin sujeción a controles ciudadanos y sin considerar la obligación de un proceso eficaz de rendición de cuentas.

6° Que la auditoría ciudadana, entendida como un instrumento activo de participación política, por la vía de la supervisión y control de la actuación de las administraciones, especialmente en el nivel local ha demostrado ser un dispositivo efectivo para lograr una mejor calidad en la gestión pública y un involucramiento de las personas en los asuntos públicos.

Hoy en día en nuestro país es evidente la separación colosal que existe entre la denominada clase política y la ciudadanía. Los ciudadanos no están de acuerdo no solo en las formas en que se ejerce el poder por parte de sus autoridades y...

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