Modifica la composición y atribuciones del Congreso Nacional, la aprobación de los tratados internacionales, la integración y funciones del Tribunal Constitucional y otras materias que indica.
| Fecha | 04 Julio 2000 |
| Número de Iniciativa | 2526-07 |
| Fecha de registro | 04 Julio 2000 |
| Etapa | Tramitación terminada Ley Nº 20.050 (Diario Oficial del 26/08/2005) |
| Autor de la iniciativa | Chadwick Piñera, Andrés, Díez Urzua, Sergio, Larraín Fernández, Hernán, Romero Pizarro, Sergio |
| Materia | APROBACIÓN DE TRATADOS INTERNACIONALES, CONGRESO NACIONAL, TRIBUNAL CONSTITUCIONAL |
| Tipo de proyecto | Reforma constitucional |
| Cámara Legislativa de Origen | Senado,Moción |
Boletín Nº 2.526-07.
Proyecto de reforma constitucional, iniciado en moción de los HH. Senadores señores Chadwick, Díez, Larraín y Romero, que modifica la composición y atribuciones del Congreso Nacional, la aprobación de los tratados internacionales, la integración y funciones del Tribunal Constitucional y otras materias que indica.
1.- UN COMPROMISO DE HOY CON EL FUTURO: CERRAR LA TRANSICION
La Alianza por Chile ha asumido el compromiso ante el país -tanto a través de su candidato presidencial durante la campaña recién pasada como también directamente mediante diversos planteamientos públicos- de contribuir decididamente a cerrar el período de transición política iniciado luego de la plena instauración del régimen democrático a partir del 11 de Marzo de 1990.
A nuestro juicio, darle término a este período de transición nos permite responder en forma sustantiva el mensaje mayoritario que la ciudadanía nos entregó en la última elección presidencial, cual es la demanda de reestablecer la paz social en el país. Lo que la inmensa mayoría nos exige, es darle una solución de verdad a los problemas y conflictos del pasado de manera de recuperar la indispensable confianza recíproca que debe existir entre todos los sectores del ámbito nacional, para así poder abocarnos de lleno y con urgencia a la solución de los problemas reales que afectan a nuestros compatriotas.
Para que este objetivo sea posible, se hace indispensable abordar dos aspectos fundamentales que han caracterizado a este período de transición y que han sido ambos fuente de reiterados desencuentros entre los distintos sectores políticos de nuestro país, constituyéndose en los principales obstáculos que nos han impedido superar plenamente las divisiones del pasado.
Nos referimos a los problemas aún pendientes en materia de derechos humanos, y junto a ello, a las divergencias existentes en relación a algunas instituciones de nuestra Constitución.
En primer lugar, la necesidad de encontrar una adecuada solución a los problemas pendientes de derechos humanos la entendemos como una urgencia moral y social de primera magnitud para nuestro país. Con ello hemos señalado reiteradamente que resulta indispensable desplegar todos los esfuerzos posibles para ubicar los cuerpos de los detenidos desaparecidos y aliviar así, en parte, el comprensible dolor de sus familias.
Junto a lo anterior, y como una consecuencia de ello, hemos planteado que también resulta necesario establecer una adecuada certeza jurídica a la aplicación de las normas sustantivas y de procedimiento que rigen los procesos aún pendientes sobre derechos humanos y que afectan a personas pertenecientes a las Fuerzas Armadas.
Han transcurrido más de 25 años desde que se originaron los problemas de derechos humanos en nuestro país y hasta el momento la mera acción de los procedimientos ordinarios de los tribunales de justicia no han resultado eficaces para encontrar los cuerpos de los detenidos desaparecidos. Al mismo tiempo, las disímiles actuaciones judiciales sobre los procesos pendientes, han impedido la necesaria certeza jurídica que todo proceso merece.
Por estas razones, la Alianza por Chile ha insistido permanentemente en la necesidad de construir una acuerdo que hemos llamado de paz social, con el propósito de establecer mecanismos especiales que resulten ágiles y eficaces en lograr el objetivo de encontrar los cuerpos de los detenidos desaparecidos o determinar, en caso que ello no resulte posible, las circunstancias de la muerte. Y, como consecuencia de lo anterior, otorgar certeza jurídica en la aplicación de la ley vigente a los procesos pendientes.
En nuestro compromiso de contribuir con decisión al cierre de la transición política valoramos el acuerdo alcanzado sobre estas materias por la Mesa de Diálogo y manifestamos nuestra esperanza que este acuerdo contribuya a abrir un camino que pueda poner término a los problemas pendientes sobre derechos humanos.
Y así como ha sido posible dar estos pasos para encontrar una solución a una materia tan compleja y sensible, queremos contribuir al propósito de cerrar la transición, avanzando en el objetivo de perfeccionar nuestra Constitución de acuerdo a las proposiciones contempladas en este proyecto de reforma que se plantea a consideración del Congreso Nacional.
2.- PERFECCIONAR LA CONSTITUCION: LAS EXIGENCIAS DE UN NUEVO TIEMPO
Han transcurrido 20 años de la aprobación y puesta en vigencia de la Constitución lo que permite realizar un examen profundo a sus principales normas e instituciones.
A nuestro juicio, este examen arroja un resultado muy positivo, por cuanto en primer lugar permite destacar que sus normas, a diferencia de la anterior Constitución, han establecido una completa explicitación de los derechos fundamentales de la persona humana creando recursos constitucionales eficaces para protegerlos y señalando como base de la institucionalidad el deber del Estado de promover el bien común.
Asimismo, nuestra Constitución ha consagrado una serie de instituciones modernas, que han garantizado la estabilidad política y económica del país, en un período político especialmente complejo y difícil como han resultado siempre los tránsitos de un régimen autoritario a uno democrático. Estas nuevas instituciones no sólo han respondido con eficacia a las exigencias políticas de este tiempo, sino que además han mantenido un adecuado equilibrio de los poderes públicos limitando el poder del Estado a través de dos canales que dan tranquilidad frente a problemas futuros: la limitación de la soberanía por los derechos fundamentales del hombre y el rol subsidiario del Estado.
De esta forma, la Constitución no sólo fijó los límites del Estado, sino que también estableció los límites del derecho.
De igual manera, la Constitución ha garantizado la permanencia y el cumplimiento de sus disposiciones, elemento sustancial para la estabilidad política y económica del país, a través de la exigencia de quórums especiales en materias constitucionales, del control del Tribunal Constitucional sobre las normas legales y de la acción que se le otorga a los parlamentarios para pedir la supresión de las disposiciones contempladas en proyectos de ley que resulten contrarias a la Constitución.
Durante estos 20 años de vigencia, estas normas e instituciones han permitido un tránsito pacífico del régimen militar al sistema de plena democracia y han contribuido a generar un clima de estabilidad política en el país que ha permitido ya desarrollar con plena normalidad democrática dos períodos gubernativos e iniciar un tercero luego de un estrechísima elección presidencial en un proceso calificados por todos los sectores como ejemplar.
No obstante el positivo balance que arrojan sus disposiciones durante estos 20 años de plena vigencia, y sin perjuicio de las diversas modificaciones que se concordaron introducirle en 1989, diversos sectores del país, entre ellos nosotros, aspiran a realizar otras modificaciones para perfeccionarla y dar el paso aún pendiente para dar por concluida la transición política.
En el propósito de perfeccionar sus normas para adecuarlas a las nuevas exigencias de la realidad contemporánea luego de 20 años de vigencia y en el espíritu de concordar aspectos de sus instituciones que han generado discrepancias entre los diversos sectores políticos, contribuyendo con ello al cierre definitivo de la transición, la Alianza por Chile ha tomado la decisión de impulsar un proyecto de reformas constitucionales que permita precisamente alcanzar este gran desafío político.
La actual Constitución, como lo señaláramos anteriormente, diseñó sus principales instituciones - tanto en su integración como en sus atribuciones- teniendo como un objetivo fundamental generar un adecuado equilibrio entre los poderes públicos que permitiera garantizar en mejor forma la estabilidad política, económica y social del país.
Nuestras proposiciones de reformas constitucionales buscan en primer lugar perfeccionar algunas de las principales instituciones políticas, adecuándolas a las exigencias de un nuevo tiempo político, pero sobre la base de preservar un valor fundamental que ha incorporado la actual Constitución a nuestro régimen democrático, como lo es el adecuado equilibrio de los poderes públicos.
Con este propósito proponemos modificar las integraciones tanto del Senado como del Tribunal Constitucional. En el caso del Senado proponemos que la totalidad de sus miembros sean elegidos por votación popular. Para ello planteamos el término de los senadores institucionales el 11 de Marzo del 2006, completando los actuales senadores institucionales íntegramente su período. En el caso de los senadores vitalicios proponemos el término de ellos a la fecha de aprobación de estas reformas, manteniendo la dignidad de ex -presidentes.
En cuanto al Tribunal Constitucional, proponemos modificar la forma de designación de sus miembros. Creemos importante mantener los 3 miembros designados por la Corte Suprema para resaltar su carácter de tribunal de derecho, pero proponemos que tanto los dos miembros designados por el Consejo de Seguridad Nacional como aquellos designados por la sola voluntad del Presidente de la República o con acuerdo del Senado, sean reemplazados todos ellos por miembros designados por el Presidente de la República con el acuerdo de los dos tercios del Senado, agregándose dos nuevos miembros designados por el mismo Tribunal. De esta forma,...
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