Modifica el Código Procesal Penal para facilitar el acceso a registros audiovisuales en las investigaciones dirigidas por el Ministerio Público
| Fecha | 30 Agosto 2022 |
| Número de Iniciativa | 15310-25 |
| Fecha de registro | 30 Agosto 2022 |
| Etapa | Primer trámite constitucional (C.Diputados) Primer informe de comisión de Seguridad Ciudadana |
| Autor de la iniciativa | Castro Bascuñán, José Miguel, Fries Monleón, Lorena, Hertz Cádiz, Carmen, Hirsch Goldschmidt, Tomás, Jouannet Valderrama, Andrés, Leiva Carvajal, Raúl, Marzán Pinto, Carolina, Orsini Pascal, Maite, Placencia Cabello, Alejandra, Yeomans Araya, Gael |
| Cámara Legislativa de Origen | Moción,Cámara de Diputados |
| Tipo de proyecto | Proyecto de ley |
Proyecto de Ley que modifica la Ley 19.696, que establece el Código Procesal Penal, a efectos de facilitar el acceso y requerimiento de registros audiovisuales de cámaras dentro de las actuaciones de investigación del Ministerio Público y de las policías
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ANTECEDENTES
Según datos del Centro de Estudios y Análisis Delictual (CEAD) de la Subsecretaría de Prevención del Delito, desde 2017 a la fecha, dentro de los delitos de mayor connotación social (DMCS) se han registrado 129.539 casos policiales calificados como “Robo de vehículo motorizado”. Por su parte, ante casos de “Robo de objetos de o desde vehículo”, las cifras aumentan: dentro del mismo periodo, se registraron
256.313 casos.1
En el periodo de tiempo en comento, del total de casos policiales por “Robo de vehículo motorizado”, solo se alcanza un 4,001 % (5.184) de detenciones, considerando tanto las detenciones propiamente tales como las aprehensiones en flagrancia.2 En el caso del “Robo de objetos de o desde vehículos”, las detenciones solo representan un 6,29 % (16.135), considerando tanto las detenciones y aprehensiones. Con ello en vista, se puede advertir que la tasa de éxito para la detención de eventuales responsables por la comisión de estos ilícitos es baja.
En relación con lo anterior, la Encuesta Nacional Urbana de Seguridad Ciudadana (ENUSC) 2021, publicada en julio de 2022, la victimización en los hogares chilenos por los delitos enunciados en el párrafo anterior es preocupante. Mientras que en el caso del “Robo desde vehículo” alcanza un 10,0 % (0,5 menos que en el periodo 2020), el “Robo de vehículo” alcanza un 0,7 % (0,2 menos que en el periodo 2020).3
1 Los datos del Centro de Estudios y Análisis Delictual (CEAD) expuestos se encuentran disponibles en: http://cead.spd.gov.cl/estadisticas-delictuales/ (Fecha de consulta: 11 de agosto de 2022).
2 Cabe tener en consideración que el CEAD distingue en sus datos entre detenciones y aprehensiones. Mientras que las detenciones se refieren a los delitos conocidos por las policías a través de un hecho flagrante, las aprehensiones refieren a la cantidad de personas detenidas en un delito flagrante.
3 Estudio disponible en línea: https://www.ine.cl/docs/default-source/seguridad- ciudadana/publicaciones-y-anuarios/2021/s%C3%ADntesis-de-resultados-18-enusc- 2021.pdf?sfvrsn=3ffa352a_2 (Fecha de consulta: 11 de agosto de 2022).
Ahora, el fenómeno delictivo relativo a vehículos motorizados presenta algunas particularidades. En conformidad a datos elaborados por la Unidad de Análisis Criminal y Focos Investigativos del Ministerio Público, entre el 2020 y el primer trimestre del 2022 se han registrado 1.531 casos de “encerronas” en la Región Metropolitana, entendiendo por tales a hechos en donde “participan a lo menos dos vehículos motorizados en movimiento, mayores a una motocicleta, tanto en los que se moviliza la víctima y el o los victimarios, y donde las especies sustraídas son las especies personales de la víctima o bien el vehículo en el que se movilizaba”. A su vez, según el Ministerio Público, el 30% de estos delitos ocurrieron en una autopista o carretera, mientras que el 70% en una avenida principal, calle o pasaje.4
En este contexto, la iniciativa legislativa en materia de seguridad ciudadana y la elaboración de políticas públicas son requeridas por la ciudadanía a efectos de detener y disminuir el alza en este tipo de delitos violentos. Atendiendo este mandato, en los últimos años se han impulsado medidas por parte del Ministerio del Interior, en coordinación con otros organismos públicos (p.ej. Ministerio de Obras Públicas, Ministerio de Transporte y Telecomunicaciones), y con privados, especialmente con las concesionarias de las autopistas, en miras de utilizar la tecnología disponible por cada entidad para la mejora en la persecución del delito.5
Así, el uso de los avances tecnológicos disponibles para la prevención del delito (cámaras de videovigilancia, señales de geolocalización y posicionamiento global (GPS), cámaras termales, cámaras de alta resolución y de identificación a larga distancia, etc.), puede ser útil también para recabar información y pruebas para la atribución de responsabilidad penal (Malamud, 2018: 138), así como también para la detención previa de los responsables.
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FUNDAMENTOS
Visto lo anterior, la idea de “complementariedad” que estructura la relación socio- técnica entre las tecnologías de televigilancia o registro audiovisual y la actividad (o utilización) humana de ella (Lio, 2020: 74), en materia de persecución del delito precisa refinamiento, a efectos de propiciar el éxito de la videovigilancia para detener un delito in fraganti, recordando que ésta fue una de las primeras finalidades asociadas a su uso generalizado (Lio, 2020: 76).
4 La Tercera, El preocupante informe de la Fiscalía sobre las encerronas: Solo cinco comunas de la RM se salvan de este ilícito entre 2020 y 2022, 24 de junio de 2022. Disponible en línea: https://www.latercera.com/la-tercera-pm/noticia/el-preocupante-informe-de-la-fiscalia-sobre-
las-encerronas-solo-cinco-comunas-de-la-rm-se-salvan-de-este-ilicito-entre-2020-y- 2022/PFT4ED25EBBM5BA6MT3REZHBCA/ (Fecha de consulta: 11 de agosto de 2022).
5 A título de ejemplo, véase información relacionada al “Plan Antirrobo de Vehículos” o “Plan Anti encerronas”: https://www.latercera.com/nacional/noticia/gobierno-presenta-plan-antirrobo-de- vehiculos-se-buscara-mas-fiscalizacion-en-desarmadurias-y-terminar-con-opcion-de-circular-sin- patente/OD443UM76BC3JD4LA5UOLYFSOU/ (Fecha de consulta: 11 de agosto de 2022).
Este éxito, que puede ser medido considerando la proporción de detenciones ante casos policiales, se ve condicionado por el acceso que tienen el Ministerio Público y las policías a los medios de soporte del registro audiovisual o los aparatos de televigilancia, ya que éstos no son de propiedad exclusiva del Estado, o siéndolo, las disposiciones legales actuales no propician una mayor facilidad en el acceso a ellas a objeto de detener a los responsables por delitos relacionados a vehículos motorizados en la vía pública, tal como se ha reseñado con los datos antes expuestos.
Si bien la disposición voluntaria de particulares para permitir el acceso a los registros audiovisuales puede presentarse, hay casos en los que no, y atendiendo a que la negativa se enmarca en el ejercicio legítimo de ciertos derechos -como el de propiedad o el respeto y protección a la vida privada junto a la inviolabilidad del hogar-, es materia del debate legislativo propio del Congreso Nacional la regulación de su afectación, atendiendo a que podría suscitarse un problema de constitucionalidad.
Mientras que la protección a la privacidad, construida desde los artículos 19 N°4 y N°5 de la Constitución Política de la República, se puede ver afectada ya que ésta no necesariamente busca proteger un espacio privado, cerrado a terceros, sino que también a “determinados espacios públicos, donde se ejecutan específicos actos con la inequívoca voluntad de sustraerlos a la observación ajena”, tal como lo ha declarado el Tribunal Constitucional (Ramírez, 2016: 62).
Por su parte, en cuanto al derecho de propiedad sería afectado dado que la relación de exclusividad entre el propietario y el medio tecnológico de registro y/o soporte se altera. Por ello es imperioso considerar la cláusula de reserva legal para la imposición de limitaciones y obligaciones que deriven de la función social de la propiedad, que no afecten su contenido esencial, establecida en el artículo 19 N°24 inciso 2° de la Constitución.
Este último precepto citado regula taxativamente las causales que pueden fundamentar una limitación en razón de la función social: los intereses generales de la Nación, la seguridad nacional, la utilidad y la salubridad pública y la conservación del patrimonio ambiental. Bajo el concepto de “intereses generales de la Nación”, es posible subsumir la seguridad pública, en particular en lo referido a la prevención y persecución de los delitos, quedando a salvo con ello la exigencia funcional que permitiría consagrar una carga al ejercicio del derecho de propiedad.
En este orden de ideas, se ha de explicitar que el acceso a los registros audiovisuales de particulares sin previa autorización judicial constituye una carga a la propiedad pero que no afecta su contenido esencial, siendo este uno de los principales dilemas a sortear en la discusión legislativa y aplicación de las leyes frente a casos particulares (Ruiz-Tagle, 2018: 212-226). Esta afirmación se entiende dado que el propietario de los medios tecnológicos que contengan dichos registros solamente deberá permitir un acceso temporal y limitado a las condiciones que el presente
Proyecto especifica, y contará con la posibilidad de reclamar la ilicitud de la medida investigativa, además de alegar las responsabilidades penal, administrativa y civil a que pudieren dar lugar un ejercicio abusivo de la facultad excepcional que se propone. Asimismo, este razonamiento que permite desplazar o limitar excepcionalmente los derechos y garantías constitucionales en comento, también aplicaría para fundamentar la afectación a la protección de la privacidad, como se deja entrever.
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IDEA MATRIZ
Habida...
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