Modifica la Carta Fundamental en lo que respecta a la sanción aplicable a la autoridad declarada culpable en acusación constitucional deducida en su contra
| Fecha | 08 Septiembre 2017 |
| Número de Iniciativa | 11428-07 |
| Fecha de registro | 08 Septiembre 2017 |
| Autor de la iniciativa | Berger Fett, Bernardo, García García, René Manuel, Kast Sommerhoff, Felipe, Monckeberg Bruner, Cristián, Núñez Urrutia, Paulina, Paulsen Kehr, Diego, Pérez Lahsen, Leopoldo, Rathgeb Schifferli, Jorge, Sabat Fernández, Marcela |
| Materia | ACUSACIÓN CONSTITUCIONAL |
| Cámara Legislativa de Origen | Moción,Cámara de Diputados |
| Etapa | Primer trámite constitucional (C.Diputados) Primer informe de comisión de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento |
| Tipo de proyecto | Reforma constitucional |
Modifica la Carta Fundamental en lo que respecta a la sanción aplicable a la autoridad declarada culpable en acusación constitucional deducida en su contra
Boletín N°11428-07
Fundamentos:
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El juicio político es un mecanismo que han establecido los sistemas democráticos para asegurar la idoneidad de funcionarios que por lo general, carecen de dependencia directa con el órgano legislativo. En palabras de Madison, uno de los padres del constitucionalismo moderno, constituye una defensa de la comunidad ante la incapacidad y la negligencia de sus representantes. Tiene por tanto esta herramienta una doble función, cual es hacer la responsabilidad política de los agentes gubernamentales y disponer su alejamiento de las funciones públicas.
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En otros términos, siguiendo al Profesor Diegues, el juicio político puede conceptualizarse como “el procedimiento destinado a verificar y hacer efectiva la responsabilidad constitucional de los más altos funcionarios del gobierno evaluando el desempeño o la conducta del acusado”. De cualquier forma, en nuestro país, este concepto podría ser calificado como insuficiente, si tenemos a la vista que nuestro Congreso Nacional no solo debe declarar si hay responsabilidad político-constitucional, sino que además anexa una sanción, que importa cesar en las funciones pero además la imposibilidad de ejercer cargos públicos por un periodo de 5 años.
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Este último punto, esto es, el de la sanción, es el que motiva esta moción y que ha sido latamente discutido por la doctrina. Particularmente, porque la extensión y gravedad de la sanción parece a todas luces desproporcionada, y porque la instancia llamada a resolver no parece adecuada si tenemos en vista la sanción que se impone. En nuestro país, esto ya ha sido objeto de presentación a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos por parte de la Diputada Yasna Provoste.
De hecho, tanto a nivel regional en el sistema interamericano como en jurisdicciones locales, el tema ha sido objeto de discusión. Este debate tiene lugar particularmente con el desarrollo de las garantías judiciales y particularmente del debido proceso, entendiendo que su aplicación excede el mero ámbito judicial. Así lo entendió la Corte Interamericana desde la...
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