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Modifica la Carta Fundamental para crear la Agencia Chilena contra el Crimen Organizado

Fecha de registro03 Noviembre 2022
Número de Iniciativa15483-07
Cámara Legislativa de OrigenMoción,Cámara de Diputados
Autor de la iniciativaAhumada Palma, Yovana, Arroyo Muñoz, Roberto, Cid Versalovic, Sofía, Jiles Moreno, Pamela, Lee Flores, Enrique, Pino Fuentes, Víctor Alejandro, Pulgar Castillo, Francisco, Rivas Sánchez, Gaspar, Romero Leiva, Agustín
EtapaPrimer trámite constitucional (C.Diputados) Primer informe de comisión de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento
Tipo de proyectoReforma constitucional



Proyecto de Reforma Constitucional que Crea la “Agencia Chilena Contra el Crimen Organizado”

H. Diputado Víctor Pino Fuentes 27 de octubre del 2022


  1. Idea Matriz


La presente moción busca reformar la Constitución Política de la República para crear la “Agencia Chilena Contra el Crimen Organizado” (ACCO), que tiene como fin coordinar la investigación y perseguir los delitos de crimen organizado, como lo son el narcotráfico, el fraude al fisco, los delitos cibernéticos contra la seguridad del Estado, el terrorismo y otros delitos que atenten contra la seguridad interna y externa del país, perpetrados por asociaciones ilícitas nacionales e internacionales.



  1. Fundamentos

Cuando se habla de crimen organizado, no se hace referencia solo al narcotráfico, sino que a varios delitos entre los cuales están la falsificación, tráfico de drogas, tráfico de órganos, trata de personas, tráfico de armas, minería ilegal, comercio ilegal de vida silvestre, pesca ilegal, cibercrimen, etc. Un problema que ha ido creciendo desde el final de la guerra fría con el rápido desarrollo del comercio y los viajes internacionales, la infraestructura de transporte global, los sistemas financieros integrados y las tecnologías de la información (Bjelopera & Finklea, 2010).

El crimen organizado, a escala global, es una industria ilícita muy lucrativa para un sin número de organizaciones criminales que traspasan fronteras, tanto es así que este negocio suma un valor de mercado de cerca de US$2.2 billones (Global Financial Integrity, 2017). Esta cifra es tan grande que, si se realiza el ejercicio de suponer que el crimen organizado es un país, y su valor de mercado es su Producto Interno Bruto (PIB) a precios nominales, éste estaría entre las 10 economías más grandes del planeta (Internacional Monetary Fund, 2021).

Lo anterior da una mirada del poder que estos grupos criminales transnacionales poseen y que les permite utilizar diferentes tipos de mecanismos para llevar a cabo sus operaciones, como por ejemplo, los secuestros y extorsiones, corrupción de funcionarios estatales, violación de sanciones y la evasión de


derechos de aduana, la apropiación indebida de fondos, el establecimiento de controles de carretera y gravar impuestos sobre las personas y sus bienes (Dziedzic, 2016) o, en caso de grupos criminales bien desarrollados y grupos armados ilícitos, éstos pueden usar estructuras legales tales como compañías ficticias, fideicomisos y paraísos fiscales extraterritoriales para ocultar sus actividades a las autoridades y lavar su dinero (Burgis, 2015).

Siguiendo esta línea, las organizaciones terroristas utilizan los mismos mecanismos que el crimen organizado transnacional para recaudar recursos, dado que estas organizaciones requieren de cantidades significativas de dinero para alimentar, armar y apoyar logísticamente a sus miembros, según su territorio y su importancia geoestratégica y política (Wennmann, 2011), tal es el caso de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), organización terrorista de insurgencia guerrillera que se enmarca perfectamente en la descripción de crimen organizado, donde diversos académicos que han estudiado la historia política de Colombia han notado una escalada dramática en los incidentes de violencia, incluidos asesinatos políticos, secuestros, extracción tributaria forzada, narcotráfico, amenazas de muerte y similares (Hough, 2011).

La literatura en torno al crimen organizado transnacional es categórica, son una amenaza global que no respetan el estado de derecho, la soberanía ni los derechos humanos, y cuentan con impresionantes recursos para promover y realizar sus actividades ilícitas, incluso, en muchos casos, los carteles internacionales de droga, las mafias, y las pandillas están mejor armados, financiados y entrenados que las fuerzas de seguridad gubernamentales encargadas de enfrentarlos (Realuyo, 2015).

En Chile la situación es crítica, y se encuentra cerca del punto de “no retorno”, ya que desde hace varios años se evidencia un preocupante avance del crimen organizado, dónde organizaciones extranjeras mucho más poderosas que las locales, marcan con su presencia el territorio nacional (Fiscalia, 2021).

Es así como, durante el 2020 y parte del 2021, se ha detectado la presencia en Chile de al menos, tres de las cinco más poderosas organizaciones criminales de América: Cartel de Sinaloa (México), Cartel de Jalisco Nueva Generación (México) y Cartel del Golfo (Colombia).

Este hecho, marca la tendencia de la instalación permanente de estas organizaciones criminales transnacionales en Chile, y de una de las mayores organizaciones del narcotráfico de las Américas que, a su vez, están involucradas en el proceso de producción de droga en suelo chileno.


Además, el crimen organizado se ha tomado los recintos penitenciarios del país, a través de un “sistema de dominación” que se ha instalado gradualmente en la red penitenciaria conformado por las organizaciones criminales, principalmente vinculadas al narcotráfico, que replican al interior de los recintos penales, las condiciones que han construido en distintos barrios. Esta forma de dominación se basa en el sometimiento por la violencia y el miedo del resto de la población, en este caso internos en condición de mayor vulnerabilidad, los que deben optar por servir a la organización criminal (los llaman “perros”), o perder la vida.

De esta forma son utilizados como carne de cañón para los enfrentamientos entre bandas, como correos para traer y guardar la droga, como homicidas en la ejecución de miembros de otras bandas, etc., recibiendo el costo punitivo de las acciones dispuestas por los jefes de las organizaciones criminales, quienes siempre ostentan en sus fichas una “muy buena” o “buena conducta” (Fiscalia, 2021).

Actualmente Chile enfrenta un ciclo de crecimiento del crimen organizado transnacional, donde recientemente se suma “El Tren de Aragua”, organización criminal de procedencia venezolana, pero que ya tiene influencia en Perú, Colombia, Bolivia y Brasil, dando cuenta de un nuevo escenario delictual en Chile, lo que significa contar con delitos más violentos y con policías enfrentadas a grupos con mayor poder fuego.


  1. Experiencia Internacional

A principios de la década de 1960, Reino Unido fue uno de los primeros países en reconocer la necesidad de abordar la actividad delictiva que traspasaba los límites de las fuerzas policiales individuales. Los Escuadrones tenían el mandato de combatir el crimen en múltiples jurisdicciones y estaban compuestos por oficiales de detectives adscritos de diferentes fuerzas policiales dentro de cada región designada (Adamoli, Di Nichola, & Savona, 1998). Ya en 2006, bajo el mismo prisma, se crea la Serious Organized Crime Agency (SOCA, Agencia Británica Contra el Crimen Organizado), con el objetivo de desarrollar una inteligencia más completa sobre las redes del crimen organizado que operan en el Reino Unido. Para ello, fusiona el Escuadrón Nacional contra el Crimen, el Servicio Nacional de Inteligencia Criminal (NCIS) y los investigadores de Aduanas y el Servicio de Inmigración del Ministerio del Interior. Además, inicialmente la agencia contó con alrededor de 120 oficiales, con base en 40 países alrededor del mundo, trabajando de enlace, usando agencias internacionales para identificar vínculos entre pandillas ilegales en el Reino Unido y en el extranjero (Segell, 2007).


En la década de 1970, cuando las organizaciones de crimen organizado alcanzaron su pináculo de poder con las familias criminales ítalo-estadounidenses de la Cosa Nostra (Jacobs, 2020), en Estados Unidos, el presidente Richard Nixon estableció el Consejo Nacional sobre el Crimen Organizado, integrado por representantes de todas las agencias federales cuyo trabajo o responsabilidades tenían que ver con el crimen organizado. Este Consejo abordó principalmente las rivalidades que socavan la cooperación interinstitucional (Jacobs, 2020). Décadas más tarde, en julio del 2011, la Casa Blanca publicó la Estrategia de los Estados Unidos para combatir el crimen organizado transnacional la cual exige una acción multilateral para limitar el alcance y la influencia del crimen organizado transnacional, privarlas de medios e infraestructura, reducir la amenaza que representan para la seguridad ciudadana, la seguridad nacional y la gobernabilidad y, en última instancia, derrotar a las redes que representan la mayor amenaza para seguridad nacional (Realuyo, 2015). Ya en 2022, tras un decreto presidencial, la administración del presidente Joe Biden anuncia la creación del Consejo de Estados Unidos sobre el Crimen Organizado Transnacional (US CTOC, por su sigla en inglés), que reúne a seis departamentos y agencias de vital importancia en el combate a la delincuencia internacional (The White House, 2021).

En las últimas décadas, países como Australia o Italia han tomado medidas...

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