Ministerio de Justicia presenta proyecto que entrega autonomía legal a la Defensoría Penal Pública - 17 de Diciembre de 2021 - El Mercurio - Noticias - VLEX 879151338
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Ministerio de Justicia presenta proyecto que entrega autonomía legal a la Defensoría Penal Pública

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Vincent

Cómo se regula la dirección del servicio y cómo se nombran y remueven sus autoridades. Sobre esos dos elementos se sustenta el proyecto de ley presentado por el Gobierno para consagrar legalmente la autonomía de la Defensoría Penal Pública, una demanda solicitada en reiteradas ocasiones por la institución, creada en 2001, en el contexto de la reforma procesal penal.Una de las principales propuestas de la iniciativa es que se mantiene su naturaleza de servicio de la Administración del Estado -con personalidad jurídica y patrimonio propio-, pero se suprime la supervigilancia del Presidente de la República, efectuada a través del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos.Acerca de su misión institucional de proporcionar defensa a las personas que carezcan de abogado, esta se amplía, incluyendo que "podrá promocionar y difundir los derechos y garantías en el proceso penal" de acusados y condenados.Elección y remociónOtra de las principales propuestas del proyecto es que el defensor nacional será designado mediante un sistema mixto, que combina la intervención del Consejo de Alta Dirección Pública, el Consejo de la Defensa Penal Pública -que reemplazará al actual Consejo de Licitaciones de la Defensa Penal Pública-, el Presidente de la República y el Senado. En la actualidad, si bien es seleccionado mediante Alta Dirección Pública, es finalmente elegido, de entre una terna de candidatos, por el Presidente.Respecto de un eventual proceso de remoción de esta autoridad, se incorpora un sistema que sigue una regulación similar a la del fiscal nacional, con intervención del Pleno de la Corte Suprema.La propuesta del Ministerio de Justicia igualmente plantea modificaciones para los defensores regionales, quienes serán nombrados por el defensor nacional, previo concurso según procedimiento de Alta Dirección Pública, en vez de concurso público, como es actualmente. Su duración sería de seis años en el cargo -hoy es de cinco-, pudiendo renovarse por una sola vez. En el caso de cese del cargo, se seguirán las causales establecidas en el Estatuto Administrativo, ya que se mantiene su sujeción a este, al igual que a la fiscalización por parte de la Contraloría General de la República.Igualmente, se plantean modificaciones para los jefes de unidad y el director administrativo nacional.Todas estas nuevas reglas de nombramiento y remoción no afectarán a quienes tengan en la actualidad alguno de estos cargos en calidad de titular y solo empezarán a regir en las...

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