Menos de la mitad de las expulsiones de extranjeros decretadas por intendencias e Interior se materializan
Caminando por la playa en el borde costero de Arica o cruzando entre las montañas altiplánicas del norte o por valles cordilleranos del sur, de día y de noche, con o sin ayuda, por rutas inciertas, muchos extranjeros se embarcan en la aventura de llegar a Chile a como dé lugar.
Vienen de países cercanos, principalmente de Perú, Bolivia, Colombia y Ecuador, pero también de Centroamérica, para cruzar una frontera cada vez más riesgosa.
Se multiplica así el "ingreso clandestino, eludiendo el control policial", un delito migratorio que, según el artículo 69 de la Ley de Extranjería (D.L. 1.094), que data de 1975, ameritaría penas de presidio menor en su grado mínimo a máximo (entre 61 y 301 días o entre 302 a 540 días).
Pero en los hechos, esa norma en general no se aplica, pues se estima que iría contra convenios internacionales de derechos humanos que Chile ha suscrito, según señalan en el Gobierno. Por eso, el modus operandi es así: las autoridades reciben la denuncia de la Policía de Investigaciones (PDI), interponen un requerimiento ante el Ministerio Público, para luego desistirse de la acción penal y dictar la expulsión administrativa.
SANCIONES FRECUENTES
El ingreso clandestino, eludiendo el control policial fronterizo, constituye el motivo del 49% de las expulsiones; le sigue el tráfico de drogas (20%). Pero en el abanico de infracciones graves hay también de homicidio, abuso sexual de menor, secuestro, violencia intrafamiliar, falsificación de moneda, entre otros.
Así lo comprueban los antecedentes detallados sobre 13.683 órdenes de expulsión dictadas entre 2012 y 2016 por intendencias y el Ministerio del Interior. Los datos fueron solicitados por "El Polígrafo" vía Ley de Transparencia a la Subsecretaría del Interior.
Además, se consultó a la PDI por las medidas efectivamente ejecutadas en el mismo período, que consisten en sacar al extranjero de Chile y entregarlo a las autoridades de su país, tal como exige la ley. Entonces, se pudo comprobar que en ese lapso se cumplieron solo 5.801 de estas órdenes de expulsión, lo que equivale al 42,3% de las decretadas.
En 2016, las efectivas fueron solo 909, llegando a su nivel más bajo (30,7%) en relación a las 2.953 dictadas, lejos del alto nivel exhibido en 2015 (ver gráfico).
EN BUSCA DE LOS INFRACTORES
La fiscalización en terreno de los extranjeros recae en la PDI, que realiza operativos para detectar a las personas que viven aquí de manera irregular por diversas causas. Además del...
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