Matthei lanza ofensiva por déficit en educación y cuestiona a Superintendencia
Un déficit que supera los $5 mil millones, cargos de la Superintendencia de Educación por el destino no aclarado de $1.700 millones y una denuncia ante la justicia a concretarse esta semana, son los componentes del explosivo cuadro que se vive en la Corporación de Desarrollo Social (CDS) de Providencia, y que mantiene a la alcaldesa, Evelyn Matthei (UDI), "en pie de guerra", según propia confesión.
En "guerra" para determinar responsabilidades, pero también en posición de enfrentamiento con la referida Superintendencia, por la forma en que la entidad manejó el tema durante la administración anterior -encabezada por Josefa Errázuriz-, cuando ya había indicios de situaciones presuntamente irregulares.
La historia del conflicto se resume en dos documentos clave a los que "El Mercurio" tuvo acceso. Su contenido revela un fuerte desorden en la corporación que maneja la salud y la educación municipales, siendo esta última área la que concentra los problemas de mayor magnitud.
El primero de los documentos tiene fecha 12 de enero y fue emitido por la Superintendencia. Se trata de una formulación de cargos contra la CDS por "infracción grave" a la normativa educacional, constatada en una fiscalización efectuada en noviembre pasado. Ello, debido al no cumplimiento de la obligación de entregar a la entidad fiscalizadora información que pudiera acreditar la efectiva disponibilidad de saldos por $1.704.281.415, correspondientes a recursos de distintas subvenciones, pero principalmente del Fondo de Apoyo a la Educación Pública (FAEP) y a la Subvención Educacional Preferencial (SEP). Debido a ello, se le dio a la Corporación 10 días hábiles para sus descargos.
Solicitan denuncia formal
La respuesta -el segundo documento clave- se concretó el jueves pasado, mediante un oficio firmado por el actual secretario general de la CDS, Axel Müller, designado luego del cambio de mando en el municipio, cuando Matthei sucedió a Errázuriz. El texto formula precisiones y argumentos jurídicos para pedir levantar los cargos, pero, lejos de desestimar los hechos, aporta nuevos antecedentes.
Así, el documento parte haciendo notar que los actos en cuestión fueron todos ejecutados por la administración anterior. Incluso, como dato anecdótico, advierte que el oficio del 12 de enero fue enviado por la Superintendencia al correo del ex secretario general de la Corporación, Enrique Martínez, en circunstancias que este había dejado ese puesto el 31 de octubre, días después de la...
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