Marchas estudiantiles, críticas de parlamentarios y confusión en universidades marcan debate por gratuidad en 2016
La explicación de Delpiano se da en medio de la creciente incertidumbre generada por la resolución del Tribunal Constitucional (TC), que determinó que los criterios del Gobierno para avanzar en gratuidad en 2016 discriminaban arbitrariamente a los estudiantes. Desde que esa resolución se hiciera pública, el jueves pasado, la posición del Ejecutivo ha estado sujeta a varios vaivenes. El argumento de La Moneda, sin embargo, ha sido el mismo: se debe esperar a conocer el texto del fallo del TC -que el Gobierno espera conocer hoy- antes de adecuar definitivamente la normativa.
Los vaivenes
Fue luego del comité político del lunes de esta semana cuando, en un intento por calmar las inquietudes respecto de la glosa educacional, el Gobierno garantizó que todas las universidades del Consejo de Rectores (CRUCh), "en cualquiera de los escenarios", tendrían gratuidad. Parlamentarios presentes en la cita de ese día en La Moneda afirmaron que el Ejecutivo explicó que dicho financiamiento se otorgaría a través de aportes basales a cada institución.
El escenario cambió al día siguiente. El ministro Nicolás Eyzaguirre señaló en un almuerzo con los senadores de la Nueva Mayoría que el fallo del TC podría obligar al Gobierno a exigir el mismo parámetro para todas las universidades. Ante esta situación, según precisó el titular de la Segpres, el Ejecutivo debía inclinarse por establecer como requisito que los planteles cumplieran con cuatro años de acreditación, en cuyo caso quedarían fuera tres instituciones del Estado -las universidades de Los Lagos, Arturo Prat y UTEM- y se permitiría la entrada de varios planteles privados al beneficio.
Esa misma tarde, el ministro de Hacienda, Rodrigo Valdés, sostuvo encuentros bilaterales con los presidentes de partidos oficialistas, Jaime Quintana (PPD), Jorge Pizarro (DC) e Isabel Allende (PS), para socializar la idea de que la opción más probable para el Gobierno era el envío de una ley corta con los contenidos explicados por Eyzaguirre en el almuerzo.
Este mecanismo provocó, desde el PC hasta el ala más progresista de la DC, duros cuestionamientos. Se acusó una contradicción con "el trato preferencial" que el Gobierno de la Presidenta Michelle Bachelet comprometió para los planteles públicos respecto de los privados. Así, cuando el reloj marcaba las 15:30 del miércoles, la ministra Delpiano procuró explicar, públicamente, que la fórmula del Ejecutivo no dejaría caer a ninguna universidad estatal. "El Estado va a cumplir con todas las universidades del Estado, porque son propias y encontraremos la...
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