Manipulación de precios - 19 de Julio de 2020 - El Mercurio - Noticias - VLEX 846549697
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Manipulación de precios

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Vincent

En abril de este año, diputados de varias bancadas presentaron un proyecto de ley para sancionar con presidio al que, en tiempos de catástrofe, altere ilegítimamente precios de alimentos, artículos de higiene, materiales de construcción, combustible, medicamentos o insumos médicos, cobrando un 20% o más del precio anterior a su alteración.Se mencionan como fundamentos del proyecto que Chile está expuesto a calamidades -cuestión que a estas alturas nadie va a discutir-. También que la ley de sismos y catástrofes del año 1965 establece una sanción penal al que cobre un precio mayor al oficial, norma que según el proyecto no sería aplicable ante la actual inexistencia de precios oficiales. Por último, se señala que Estados Unidos sí cuenta con leyes para sancionar el alza artificial de precios o price gouging.El proyecto hace una advertencia. Reconoce que no se quiere "generar el efecto indeseado de desincentivar la producción de bienes esenciales para hacer frente a la emergencia", por lo cual se exige que el alza sea ilegítima y no que obedezca a un mero aumento correlativo de los costos.A primera vista, parecería una buena idea en un contexto de estallido social, coronavirus y recesión económica. No parece justo ni ético que alguien se aproveche del desorden que provoca una calamidad para lucrar con la desgracia ajena -cual buitre-, cobrando precios exorbitantes. En esa misma línea argumental, Michael Sandel apunta a la avaricia como un disvalor cívico, y aclara que "una sociedad en la que las personas explotan a sus vecinos para obtener ganancias financieras en tiempos de crisis no es una buena sociedad".Hasta ahí estamos bien. Sin embargo, la realidad puede ser más compleja que lo que la tinta de la ley soporta y no sería primera vez que una legítima intención -como atacar la avaricia oportunista- pudiese producir efectos contraindicados o descartar alternativas más efectivas.Si desmenuzamos el proyecto y lo vemos más de cerca -en lo que está trabajando la comisión de Constitución y Legislación de la Cámara a la que he asistido-, aparecen sombras que nos obligan a reprimir nuestro entusiasmo inicial y a dudar de una fe ciega en el poder de las leyes.Yerran los diputados al aseverar que la ley de 1965 no se aplica. El Ministerio Público (MP) aclaró que la sanción penal de esa ley está vigente respecto de los precios fijados por la autoridad. Hasta ahora, la autoridad sanitaria ha fijado precios para el test del coronavirus, el arriendo de...

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