Mal fin de año para Brasil
Menos de un año después de haber ganado las elecciones por un margen estrecho, frente al candidato socialdemócrata Aecio Neves, del partido del ex Presidente Fernando Cardoso, Dilma Rousseff atraviesa una peligrosa crisis política, que tiene al gobierno paralizado, a medio centenar de altos cargos legislativos y empresariales investigados por corrupción, y un negro panorama económico.
Los coletazos del caso Petrobras -donde se destaparon redes que involucran a importantes políticos y grandes empresarios que pagaban coimas por adjudicarse millonarios contratos con la petrolera- han llegado muy alto en la esfera pública, y si bien no manchan a la Presidenta, sí a ministros, legisladores y miembros de su Partido de los Trabajadores y a sus aliados del PMDB, un partido de centro que ha sido funcional a gobiernos de distintos signos.
En este contexto, el juicio político a Dilma tiene ribetes de venganza política. Eduardo Cunha, el presidente de la Cámara de Diputados que aceptó iniciar el proceso contra Rousseff, esta semana recibió dos golpes a su integridad; el primero, el allanamiento a sus oficinas y residencia por parte de la policía, y el segundo, cuando el Consejo de Ética de la Cámara Baja decidió seguir con el proceso en su contra, por falta de probidad, todo en el marco del caso Petrobras, ya que al diputado se le acusa de haber recibido pagos de la petrolera, los que niega, incluso después de que le descubrieron depósitos millonarios en bancos suizos. Cunha ha puesto un manto de duda a estos operativos señalando que solo se realizaron contra políticos de su partido y después de que diera el pase para que se constituyera la comisión que estudiará el juicio político. Tal comisión deberá ser elegida de nuevo por decisión judicial.
La disputa política en Brasil es muy perjudicial para el desarrollo de las actividades económicas, por lo que sería muy recomendable que cualquiera sea la decisión, esta se tome lo más rápido posible. Dilma rechaza el juicio político porque en opinión del gobierno, las prácticas de las que se la acusa "no constituyen crimen ni delitos".
Si fuera así, la Presidenta no debe temer a un juicio, más todavía si este está dentro de los marcos institucionales y de la Constitución política. En una democracia, si las reglas están claras, una autoridad debe someterse al escrutinio y defenderse con todos los medios que le otorgue el Estado de Derecho.
Gobierno paralizado y Dilma acusa intento de "golpe"
Aun cuando el...
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