Luego de cuatro años plagados de problemas, el discutido plan Estadio Seguro recibe el golpe de gracia
Apoyado en la Ley 19.327, de Violencia en los Estadios (hoy llamada Derechos y Deberes en los Espectáculos Deportivos), el Gobierno anunciaba el plan que pretendía solucionar los problemas que ocurrían en los estadios de fútbol.
"En 18 meses se erradicará la violencia en los estadios", decía Rodrigo Hinzpeter, entonces ministro del Interior, a comienzos de 2011.
El plan comenzó con problemas: Felipe Achondo renunció antes de iniciar y fue Cristián Barra quien lideró el proyecto, que tuvo como primera tarea sacar el bombo y los lienzos del estadio, con el afán de desestabilizar los liderazgos en las barras organizadas.
Asimismo, se nombró un general de Carabineros especial para los incidentes en los estadios, el general Alejandro Olivares, además de fortalecer las facultades de intendentes y gobernadores al respecto.
La primera modificación a la ley llegó en 2012, que permitió establecer el control de identidad a los barristas, la obligación de empadronar a las barras en el mediano plazo y la opción para que los clubes pudiesen establecer el derecho de admisión en sus partidos como dueños de casa.
A la vez, en 2013 emergió el reglamento de aplicación -vía Decreto Supremio 225-, que definió las obligaciones de los clubes al momento de autorizar los partidos, la obligatoriedad de tener un circuito cerrado de TV en cada recinto y la clasificación de partidos de acuerdo a su convocatoria en duelos de clase A, B y C.
Sin embargo, el tema más polémico fue la salida de Carabineros del interior de los estadios, cuyo control quedó solo en manos de guardias de seguridad; mientras la fuerza pública solo era convocada en caso de urgencia.
Cambio de mano
Con la llegada del nuevo gobierno se modificó el esquema de Estadio Seguro. Cristián Barra dejó su lugar a José Roa y...
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