Libre competencia
| Autor | Santiago Ried |
| Páginas | 52-53 |
Libre
competencia
La colusión entre las empresas de transporte
de valores: La vuelta de tuerca en la
persecución de carteles.
Santiago Ried
El caso de colusión entre las empresas de
transportes Brinks, Prosegur y Loomis, que
recientemente la Fiscalía Nacional Económica
(“FNE”) llevó a juicio ante el Tribunal de Defensa
de la Libre Competencia (“TDLC”), tiene
elementos que vale la pena destacar, ya que dan
cuenta de la madurez del sistema de
persecución de carteles, y da luces de hacia
donde se dirigirá a futuro. Lo anterior es sin
perjuicio de que el procedimiento está recién
comenzando (causa rol TDLC C-430-2021), por lo
que la acreditación de los hechos y
responsabilidad de dichas empresas está aún
pendiente.
En primer lugar, cabe resaltar que, a diferencia
de los otros casos de colusión iniciados por el
mecanismo de delación compensada de una de
las empresas coludidas, en el presente caso la
delación la realizó directamente una ejecutiva de
una de dichas empresas, no la empresa misma.
Esto marca un precedente clave. Si las empresas
que participan de un cartel hasta ahora les
inquietaba que alguna de las otras empresas
coludidas podía “recapacitar” y delatar el cartel a
la FNE, este caso nos ejemplifica que a futuro
dicha inquietud deberá extenderse a sus propios
ejecutivos también.
Unido a lo anterior, el presente caso destaca
también por cuanto existe la posibilidad de
perseguir la responsabilidad penal, con penas de
cárcel, para los ejecutivos involucrados en la
colusión. Esto, en razón de que los hechos sobre
los que recae la acusación ocurrieron después
de la entrada en vigencia de la última
modificación a la Ley de Libre Competencia (ley
20.945 de 2016), que tipificó la colusión como
delito. Posiblemente esta sombría posibilidad fue
considerada por la ejecutiva que delató el cartel,
y la influenció para tomar dicha acción.
Por último, cabe destacar que, a diferencia de
muchos otros casos, en este la FNE está
solicitando multas no sólo en contra las
empresas que participarían del cartel, sino que
también en contra de los ejecutivos que estarían
involucrados.
Santiago.ried@dentons.com
Todos estos elementos, considerados
conjuntamente, llevan a pensar que la
institucionalidad de persecución de carteles en
Chile está rindiendo importantes frutos luego de
todas las reformas legales. En el caso en
comento, la mezcla entre la dureza de las
sanciones, con la confianza en el mecanismo de
la delación compensada, ha permitido descubrir
y poner término a un posible cartel (si la tesis de
la FNE es correcta) que de otra manera podría
haber seguido operando.
En ese sentido, resulta ingenuo pensar que las
colusiones se van a acabar en el futuro (como
tampoco lo harán tantas otras conductas
humanas reprochables), pero vale la pena
destacar cómo la actual institucionalidad permite
desbaratarlas, perseguirlas y eventualmente
sancionarlas. Cualquier cambio a futuro de
nuestra normativa debiese tener esto en especial
consideración, para no destruir lo que paso a
paso se ha venido construyendo.
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