Libertad de expresión amenazada - 24 de Septiembre de 2020 - El Mercurio - Noticias - VLEX 849540778
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Libertad de expresión amenazada

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Vincent

Una gravísima amenaza para la libertad de expresión, quizás la mayor de los últimos 30 años a nivel legislativo, constituye la aprobación en primer trámite por la Cámara de Diputados del proyecto que castiga penalmente a quien justifique, apruebe o niegue las violaciones a los derechos humanos ocurridas en Chile durante el régimen militar, consignadas en informes reconocidos por el Estado, como las comisiones Rettig y Valech, entre otras. La tramitación de un mensaje presentado por la Presidenta Bachelet en 2017, que buscaba sancionar el delito de incitación a la violencia, sufrió así alteraciones profundas, especialmente por una indicación de la diputada del Partido Comunista Carmen Hertz, que incluyó esta controvertida figura penal del llamado "negacionismo", la cual terminó siendo aprobada por la oposición prácticamente sin excepciones.El proyecto original de la Presidenta Bachelet, consciente de las implicancias que una regulación penal en esta materia puede tener sobre ciertas garantías individuales, procuró restringir su alcance únicamente a sancionar las hipótesis más graves de lenguaje de odio, como son aquellas que incitan directamente a la violencia, ya que, a su juicio, así "podemos enfrentar el desafío ponderando cuidadosamente los derechos en juego para evitar una limitación excesiva de la libertad de expresión". La Cámara, sin embargo, hizo tabla rasa de estas atendibles aprensiones, y acabó aprobando este delito de "negacionismo" en una de sus versiones más extremas. En efecto, en su redacción no solo se incluyó como conductas justificar o aprobar, sino que también la mera negación -que no supone adhesión valorativa al delito- de cualquier hecho considerado violación de derechos humanos consignado en uno de los informes mencionados. Con esta redacción, una persona, al discrepar solo respecto de alguno de los hechos de ese período, podría, eventualmente, ser sancionada por ello. Además, se entrega aquí al Estado -ni siquiera se hace referencia a sentencias del Poder Judicial, que en casos puntuales han tenido y pueden tener diferencias con estos informes- la autoridad para fijar una verdad oficial a la que debe adherirse la ciudadanía en bloque...

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