La legitimidad del Congreso - 8 de Noviembre de 2015 - El Mercurio - Noticias - VLEX 586477950
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La legitimidad del Congreso

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Vincent

Una necesaria reivindicación de las funciones y legitimidad del Congreso Nacional ha efectuado -con transversal apoyo entre sus pares- el presidente del Senado a propósito del proceso constituyente que busca impulsar el Ejecutivo. Hay en el planteamiento del Gobierno -que reduce el papel de los actuales parlamentarios a la mera aprobación de un capítulo que introduce alternativas de discusión para una futura Carta Fundamental, reservando a sus sucesores la tarea de zanjar el tema- un cuestionamiento peligroso, explicitado en las palabras del discurso presidencial, según el cual el próximo Congreso tendría "mayor legitimidad, representatividad y transparencia".

Se trata de una afirmación arbitraria. Desde luego, la legitimidad no es una cuestión de grados ni relativizable. Tanto en el caso de los parlamentarios como en el de la Presidenta de la República, aquella es plena y deriva de su condición de representantes populares, elegidos en comicios perfectamente democráticos. El hecho de que durante este período se haya reemplazado el sistema binominal por un mecanismo proporcional que comenzará a regir en 2017 no tornará más "legítimos" ni más "representativos" a quienes sean entonces elegidos. Suponerlo significaría desconocer tanto principios básicos de un orden institucional como los datos de la realidad, según los cuales el mecanismo hasta ahora vigente permitió durante dos décadas un razonable nivel de representatividad, sin perjuicio de premiar a las coaliciones mayoritarias, lo que en 2013 benefició de modo particular al actual oficialismo, permitiéndole el amplio dominio de que hoy dispone en el Legislativo. Distintos especialistas, por otra parte, ya han hecho notar la existencia de no pocos elementos de distorsión en el nuevo sistema aprobado. Menos podría sostenerse que los cambios en estudio al financiamiento político dotarán de una suerte de "superioridad" al próximo Congreso respecto del que se encuentra en funciones. Muchas de tales reformas parecen tan necesarias como relevantes, pero no se observa por qué, si se estima que los legisladores en ejercicio están en condiciones de discutir y aprobar esas modificaciones, no podrían en cambio tratar el tema constitucional en todos sus alcances.

Precisamente esa es la contradicción que subyace en el planteamiento gubernamental: la de reconocer la legitimidad de los actuales parlamentarios para abordar reformas estructurales en los ámbitos tributario, educacional o laboral, pero...

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