Juez lleva al banquillo de los acusados a la infanta Cristina por dos delitos fiscales
La investigación contra la infanta fue iniciada hace cuatro años, significó un fuerte remezón para la realeza española y fue una de las razones de la adbicación del rey Juan Carlos, el 2 de junio pasado.
Ahora, la decisión del magistrado se conoce cuando se acaban de cumplir -el 19 de diciembre- seis meses de reinado de Felipe VI y a dos días de que el monarca pronuncie su primer discurso de Navidad, el segundo más importante, después del de su proclamación. Tras conocer la noticia, la Casa del Rey expresó su "respeto a la independencia del poder judicial".
El esposo de Cristina está acusado de apropiarse, junto a su socio Diego Torres, de seis millones de euros de dinero público cuando dirigía el Instituto Nóos, una entidad sin fines de lucro vinculada al mundo del deporte y en la que, supuestamente, Urdangarin utilizó su condición de yerno del rey Juan Carlos para conseguir contratos públicos. El marido de la infanta está acusado de malversación de caudales públicos, estafa y blanqueo de capitales. La fiscalía pide para él 19 años de cárcel.
Castro considera a la infanta "cooperadora necesaria" en el presunto fraude fiscal de su marido, y le impuso el pago de 2,6 millones de euros como fianza para asegurar sus responsabilidades pecuniarias. La acusación le podría significar a Cristina hasta cuatro años de cárcel si es hallada culpable en el juicio que se iniciará a fines de 2015.
La imputación contra ella no es por el caso Nóos, sino que tiene que ver con la sociedad mercantil Aizoon, una empresa propiedad en partes iguales de la infanta y su esposo. Según el juez, Cristina colaboró "activamente" con su marido al utilizar con fines personales una parte del dinero malversado a través de Aizoon, subcontratada por Nóos. Detalló que hay gastos de la pareja en lujosos hoteles, viajes y clases de salsa, entre otros, que fueron facturados a Aizoon.
A diferencia de Castro, la fiscalía no advirtió indicios de delito en el proceder de la infanta.
La jurisprudencia española ha optado generalmente por evitar el juicio a personas imputadas por delitos fiscales si la fiscalía, que representa al Estado y es la parte teóricamente agravada, no lo pide. En este caso, es la acusación popular ejercida por el sindicato Manos Limpias (una organización de extrema derecha que suele personarse como acusadora en todos los casos por corrupción) la que mantiene la acusación.
"Doctrina Botín"
El principal abogado defensor de la infanta, Miquel Roca, uno de los padres...
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