Juez autoriza suspensión condicional para SQM y sus filiales Nitratos y Salar
Era uno de los casos paradigmáticos de financiamiento irregular de la política -de presunto soborno a un alto funcionario público- y una salida alternativa no constituía una opción viable para el organismo de defensa estatal.
Según los antecedentes reunidos por el Ministerio Público, Pablo Longueira, cuando ejerció como senador, habría recibido pagos indebidos, por cerca de $700 millones, del ex gerente general de SQM Patricio Contesse para favorecer a la compañía en el marco de la tramitación de la Ley de Royalty minero.
Ayer, el fiscal Pablo Gómez, quien dirige la investigación del caso SQM y todas sus aristas, consiguió convencer al juez Luis Avilés: el magistrado aprobó la salida alternativa y las condiciones -con alguna sugerencia extra- que deberán cumplir las empresas formalizadas por el delito de responsabilidad penal de las personas jurídicas para acceder a ella.
Pagarán, en conjunto, un total de alrededor de $2.600 millones. Prácticamente $900 millones irán a beneficio fiscal y el resto estará destinado a instituciones y fundaciones sin fines de lucro (Debra Chile, Hospital Sanatorio Marítimo de Viña del Mar, Pequeño Cottolengo y la ONG Toki, de Isla de Pascua), además de entregar un informe con un programa para la prevención de delitos de este tipo al interior de las empresas, acorde con la Ley 20.393 que establece la responsabilidad penal de personas jurídicas en los casos de lavado de activos, financiamiento del terrorismo y delitos de cohecho.
Ataque cruzado
Sin embargo, previo a la decisión del juez, el debate fue intenso. Finalizada la formalización, tomó la palabra la abogada del CDE Luppi Aguirre, quien planteó al tribunal que "aceptar la suspensión condicional de la empresa SQM (...) es señalar, y esta es la señal de política criminal que está dando la fiscalía: la empresa SQM paga coimas a políticos para obtener ventajas. ¿Y cómo soluciona sus problemas? De la misma manera, pagando".
A la afirmación, la consejera María Inés Horvitz agregó: "Si hay un caso que es paradigmático, donde justamente debió el Ministerio Público haberse jugado por la aplicación de una pena, para dar el mensaje que correspondía, era este. ¿O simplemente va a instar por suspender el procedimiento respecto de todas las personas jurídicas?". Y el alegato continuó: el abogado del CDE Rodrigo Reyes hizo ver que el monto pactado en la salida no hacía mella a las finanzas de SQM, que facturaba más de 10 billones de dólares.
El mensaje
"¿Qué mensaje se...
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