Juez aprueba acuerdo de la fiscalía con dueños de Penta y los condena por delitos tributarios
En marzo de 2014 surgió la primera pista que guió a la fiscalía hasta las Empresas Penta. Un año después, sus dueños, Carlos Délano y Carlos Lavín, eran formalizados por delitos tributarios reiterados y soborno, ingresaban a Capitán Yáber y la investigación dejaba en evidencia cómo operaba el financiamiento ilegal de campañas políticas.
Boletas y facturas ideológicamente falsas, o por servicios no prestados, emitidas por cercanos a un candidato servían de respaldo a aportes realizados por los empresarios al margen de la ley y al incorporar estos documentos tributarios a la contabilidad de sus sociedades, rebajaban la base imponible. Lo mismo ocurría en otros ámbitos. El mecanismo también era utilizado para el pago de bonos a altos ejecutivos. Esos son algunos de los hechos que relató el fiscal regional Oriente, Manuel Guerra, ante el 8° Juzgado de Garantía de Santiago.
Ayer, a cuatro años de iniciada la indagatoria, los principales acusados fueron condenados como autores de delitos tributarios reiterados, en un procedimiento abreviado, por lo que tendrán una pena inferior a los cinco años y la posibilidad de cumplir en libertad. Sin embargo, sellar el acuerdo alcanzado por el fiscal Guerra y la defensa de Délano y Lavín no fue fácil.
La discusión comenzó el martes y se extendió hasta el miércoles. El Consejo de Defensa del Estado (CDE), representado por su consejera María Inés Horvitz, y los querellantes en el caso -la Fundación Ciudadano Inteligente, ex y actuales diputados del PS y Vidriera La Argentina- no estaban disponibles para la eliminación del delito de soborno, que implicaba el abreviado.
"¿Qué pasó acá? Es la pregunta que nos hacemos ¿Hay antecedentes para el cohecho? Absolutamente", afirmó la consejera María Inés Horvitz, del Consejo de Defensa del Estado.
La réplica del defensor, Julián López: "No es el mismo estándar que se requiere para formalizar la investigación por un delito, que el que se requiere para condenar a los acusados en un juicio oral, bajo un estándar de convicción más allá de toda duda razonable (...) La imputación por cohecho era absolutamente un invento".
Sin ese delito, el organismo de defensa estatal y los otros querellantes perdían su legitimación activa y solo el Servicio de Impuestos Internos (SII) podía intervenir en adelante. Y así fue, luego de que el juez Daniel Aravena visara su eliminación. El CDE insistió con una incidencia de nulidad procesal para revertir su exclusión, pero no tuvo éxito.
"Sí...
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