Ir y venir - 17 de Enero de 2017 - El Mercurio - Noticias - VLEX 658361557
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Vincent

La agenda de probidad, que ha avanzado enormemente en el último año y medio, busca recuperar esa confianza. Las mediciones que realiza el Observatorio Anticorrupción de Ciudadano Inteligente y Espacio Público indican que las medidas han progresado en un 61%, y que las leyes ya aprobadas obtienen nota 5,3.

Esta buena evaluación no ha detenido el tranco: el Congreso ha comenzado a discutir un proyecto de ley de puerta giratoria, inhabilidades e incompatibilidades en el ejercicio de la función pública, materias cruciales en la prevención y manejo de conflictos de interés.

La puerta giratoria se refiere al ir y venir de personas entre cargos legislativos o regulatorios y empresas privadas con y sin fines de lucro que operan en el sector bajo regulación.

En una dirección, se trata de un legislador, un alto personero del Ejecutivo o un fiscalizador que deja el sector público para tomar un cargo relevante (director, gerente, inversionista, consultor) en el sector que ha regulado.

En la dirección opuesta, se trata de un ejecutivo de alto nivel de una empresa regulada que toma un cargo en el poder Ejecutivo, en el Congreso o en una agencia reguladora del área.

Una puerta giratoria que da vueltas sin resguardos se presta para que un alto oficial del Estado use su posición para beneficiar a un ex o a un potencial empleador. También para que use información sensible o los contactos adquiridos mientras ejercía el cargo, en beneficio propio o de un tercero. Asimismo, se presta para el "cambio de bando", representando a privados en disputas o negociaciones en las que se actuó previamente desde el sector público.

En pocas palabras, la puerta giratoria permite obtener ventajas privadas por el hecho de haber ostentado un cargo público, y no es distinto de recibir una coima.

Los efectos nocivos de la puerta giratoria no solo se notan en la confianza pública. Un conjunto de trabajos académicos muestran que las empresas conectadas políticamente, incluyendo las que son administradas por quienes han tenido cargos públicos, reciben más subsidios y tienen una gobernanza más débil.

Así, además de conflictos de interés, el tránsito de ida y vuelta entre el sector público y el privado conlleva el riesgo de captura y de distorsiones económicas.

El mayor desafío de la regulación de la puerta giratoria es lograr un balance entre atraer a personas altamente capacitadas al Estado, protegiendo también la libertad de trabajo, y prevenir conflictos de interés para que los...

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