Introducción
| Autor | Natalia Gonzalez B. |
| Cargo | Abogada de la Pontificia Universidad Católica de Chile, Máster en Derecho (LLM) de la Universidad de Chicago, becaria Fulbright, CONICYT y de la Universidad de Chicago. Actualmente se desempeña como Directora de Asuntos Jurídicos y Legislativos de Lyd |
| Páginas | 6-9 |
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serie informe legislativo 62
El desafío constitucional que enfrenta nues-
tro país, conforme la ciudadanía así lo de-
cidió en el plebiscito de octubre de 2020,
debe ser abordado con la mayor seriedad
y sentido de responsabilidad. La tarea está
lejos de ser sencilla, más aún, si se consi-
dera que la discusión constitucional se dará
en un contexto de pandemia y en buena
parte en un año electoral, y que tras el re-
sultado electoral sobre integración de la
convención, se ha diluido el peso de los
partidos políticos y ninguna fuerza tiene
-
temente importante en la Convención. Así,
la cuestión y el debate constitucional corren
el riesgo de mezclarse con las discusiones
que han de estar en el plano de las políticas
públicas, cuestión que es muy compleja si
se considera que distintos gobiernos y sus
diversos programas políticos deben poder
convivir bajo el alero de lo que será la even-
tual nueva Carta Fundamental. Por su parte,
y dada la composición de la Convención,
además se complejiza el lograr acuerdos, y
más aún en aquellas materias que son ca-
racterísticas de una sociedad libre.
Ante todo, la tarea será compleja porque
la discusión constitucional se dará en un
momento en que la sociedad parece haber
relativizado, y cuando no desconocido, el
valor de las reglas y del Estado de derecho,
esencial para el respeto de nuestras liber-
tades, y normalizado, lamentablemente,
la violencia como instrumento de acción
política, también profundamente atentato-
rio contra nuestros derechos y libertades.
En efecto, en el último tiempo se aprecia
en Chile un preocupante desprecio por las
normas y su contribución a la estabilidad, el
progreso y el bienestar de la población. En
vez, la sociedad chilena pareciera haber re-
emplazado, desafortunadamente, esa ne-
cesaria convicción por lo que cada uno -o
determinadas mayorías- estima como justo
o injusto, tolerando incluso la violencia en
aras de esas sensaciones individuales de
justicia. Lo cierto es que no hay justicia posi-
ble sin reglas y sin paz. De ahí la importancia
de las reglas y de la sana convivencia, de su
respeto y de la valoración que la sociedad
otorgue al Estado de Derecho.
“Sin perjuicio de las múltiples interrogantes
que abre el proceso constitucional, la com-
posición de la Convención Constituyente
tras las elecciones del 15 y 16 de mayo de
2021, y el momento en el que lo llevare-
mos a cabo, preocupa sobremanera que el
conjunto de constituyentes pueda diseñar
y concordar un conjunto de reglas, prime-
ro de procedimiento y luego de fondo, que
permita el debate en paz, respetuoso de la
diversidad, y en que prevalezcan los espa-
cios de libertad de los ciudadanos. Para ello
se requerirá de un trabajo político intenso
entre los convencionales constituyentes,
coraje para romper con estereotipos prees-
tablecidos, que logre aglutinar a un grupo
sustantivo de los diversos actores electos,
que se encuentran ubicados en distintos
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