Introducción
| Autor | Juan Francisco Cruz S. - María Paz Arzola G. |
| Cargo | Abogado y egresado de Filosofía de la Pontificia Universidad Católica de Chile - Ingeniero comercial con mención en Economía de la Pontificia Universidad Católica de Chile y Magíster en Economía de la UC. |
| Páginas | 6-7 |
Serie Informe Justicia 19
l 20 de septiembre, el Gobierno ingresó un pro-
yecto de ley que denominó como “Aula Segura”,
el cual busca entregar mayores facultades a los
directores de establecimientos escolares para la
aplicación de la expulsión a alumnos que incurran en con-
ductas de violencia extrema y pongan en peligro la segu-
ridad de la comunidad escolar. Esta iniciativa se plantea
como una respuesta urgente a la seguidilla de problemas
de esta índole que se han venido produciendo desde hace
algún tiempo, particularmente en liceos de la comuna de
Santiago, donde alumnos encapuchados han lanzado
bombas molotov e incluso atacado a profesores con una
agresividad inédita. Prueba de cómo esta situación viene
en escalada, es el aumento en las denuncias que recibe
la Superintendencia por agresiones sufridas por docentes
(por parte de alumnos y apoderados), que pasaron desde
55 en 2014 a 91 en 2017, y en lo que va de 2018 ya suman
119 (ver Gráco N° 1).
Lo anterior ha dejado al descubierto la inefectividad de las
actuales normativas disciplinarias para prevenir e impe-
dir los actos de violencia, que si bien es posible tengan su
E
1. INTRODUCCIÓN
6
DFL N° 2 de 1998 sobre Subvenciones a los Establecimientos Educacionales.
1
origen fuera del sistema escolar, lo cierto es que hoy han
avanzado hacia éste y están afectando su normal funcio-
namiento. Asimismo, el avance de la violencia ha ido dejan-
do en evidencia la falta de autoridad y de atribuciones con
que cuentan directores y docentes para actuar en forma
oportuna, protegiendo tanto su seguridad como el derecho
a la educación en su establecimiento.
Entre las razones que explican esta falta de atribuciones
efectivas está la normativa escolar vigente1, que fue modi-
cada por la Ley 20.845 (denominada como “de inclusión”)
aprobada por el gobierno anterior. Ésta establece que cual-
quier medida disciplinaria que se aplique debe estar explici-
tada en el Reglamento Interno del establecimiento, pues de
lo contrario, la Superintendencia puede imponer sanciones
al establecimiento. Asimismo, establece una serie de eta-
pas y procedimientos burocráticos antes de poder llevar a
cabo la expulsión de alumno. Pero además existe la posi-
bilidad de recurrir a los tribunales de justicia, vía recurso
de protección, instancia que como veremos en el presente
documento, tiene la atribución de revertir las decisiones del
director. En la práctica, todo esto les diculta la toma de
decisiones, especialmente ante estos casos de violencia
extrema.
Es en este contexto que el proyecto de ley “Aula Segura”
introduce una excepción para que, frente a la ocurrencia
de determinadas agresiones y porte de armas, se pueda
aplicar la expulsión sin necesidad de que estos casos se
encuentren explicitados en los reglamentos internos. Asi-
mismo, se reduce el plazo requerido para que esta medida
se haga efectiva, otorgando 5 días para que el apoderado
del alumno expulsado pida reconsiderar la sanción, lo que
deberá ser resuelto previa consulta al Consejo de Profeso-
res. Finalmente, en caso de llevarse a cabo la expulsión, el
proyecto de ley establece que la Superintendencia de Edu-
cación deberá revisar “el cumplimiento del debido proceso”
y, tal como ya ocurre hoy, el Ministerio de Educación será
Fuente: Superintendencia de Educación.
Denuncias de agresión sufrida
por docentes
Gráco 1
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