Informe UDP concluye que el Estado no ha generado políticas públicas que protejan a menores y adolescentes
Esa es una de las conclusiones a las que arriba el capítulo sobre infancia de la 14 {+a} versión del Anuario de Derechos Humanos en Chile de la Universidad Diego Portales (UDP), que se presenta mañana en el Aula Magna de su Facultad de Derecho.
Además, señala que si bien la actual administración creó el Consejo de la Infancia "con la convicción de que existe una necesidad imperiosa de situar las carencias de niños y niñas en un lugar prioritario en el ámbito de las políticas públicas (...), a dos años de su implementación, su avance en términos legislativos es escaso, por no decir prácticamente nulo".
Elementos clave
Dos fueron los elementos que las investigadoras Camila de la Maza y Francisca González tomaron para analizar la situación de los derechos de los menores: las recomendaciones que el Comité de los Derechos del Niño hizo en su reciente revisión a Chile (2015) y los proyectos de ley ingresados ese mismo año por el Ejecutivo en la materia.
Advierten en su análisis que "durante 2015, al alero del Consejo para la Infancia, existían grandes expectativas sobre los avances que el Gobierno podría alcanzar en la materia; sin embargo, solo se logró la presentación de dos proyectos de ley, que eran parte del compromiso de representantes del Estado ante el Comité de los Derechos del Niño, que realizó la revisión en Chile en septiembre de ese año".
Se trata del que crea el Sistema de Garantías de la Niñez así como del que modifica el Ministerio de Desarrollo Social, creando la Subsecretaría de la Niñez, los que -en opinión de las investigadoras- "no se ajustan cabalmente a los estándares fijados por el derecho internacional de los derechos humanos".
El primero, afirman, deja "serias dudas sobre su efectividad, toda vez que condiciona gran parte del catálogo de derechos a la disposición presupuestaria del Estado", y tampoco otorga mecanismos administrativos y judiciales para ejecutarlos.
A juicio de De la Maza, investigadora principal del estudio, "no existe una política pública de infancia. Lo que hay es un servicio, con un mandato muy acotado -solo atiende a los niños que ya han sido gravemente vulnerados en sus derechos- y que no se ha modernizado en sus formas de intervenir. Lo hace a través de programas (...), sin ninguna articulación".
La investigadora dice que "la situación no está peor que hace 3 o 5 años, lo que no indica que esté bien, sino que es una realidad invisible (...)...
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