Informe identifica 'nudos críticos' en la relación de poderes del Estado con niños vulnerables
"Ningún mecanismo de evaluación contempla el impacto positivo o directo de los programas que conforman la red Sename. Hasta 2017, la red solo había sido evaluada una vez, en 2011". Ese es uno de los hechos que constata el estudio "Atención de la infancia vulnerable en Chile: Diagnóstico sobre su institucionalidad y propuestas de mejoras", elaborado por el comité ejecutivo del Centro UC de la Familia, cuya presentación realizará hoy su directora, Carmen Domínguez, en un seminario organizado por la universidad.
La investigación identifica -a partir de estadísticas y entrevistas a los actores del sistema, entre otros elementos de análisis- cuáles son los "nudos críticos" en el plano legislativo, la responsabilidad estatal y las falencias en el Poder Judicial en relación con la infancia vulnerada en Chile, en particular los niños y adolescentes atendidos por la red del Servicio Nacional de Menores (Sename).
"No tenemos en este minuto una institucionalidad de infancia de carácter estatal que no cambie con cada gobierno, que ponga objetivos y fiscalice el resultado de los recursos que se invierten para cumplir esos objetivos", advierte Domínguez, y adelanta: "Esto no se resuelve en el corto plazo y las medidas a adoptar convocan a los tres poderes del Estado".
Deficiencia en evaluación
Los deficientes mecanismos de evaluación y fiscalización impactan, a juicio de los investigadores, si se considera la inversión del Estado en materia de infancia. "Chile no es que esté por debajo de otros países de Latinoamérica, lo que hay es que tiene una déficit de gestión gigantesco", asegura la abogada.
También hay, entre otros, problemas en el ámbito presupuestario de los organismos colaboradores del Sename, que tienen a su cargo el 79% del total de las residencias o centros que integran la red. Existe "demora en la entrega mensual de subsidios por parte del Sename, cuya tardanza afecta presupuestariamente a estos organismos (...). De este modo, estos organismos terminan subsidiando al Sename", reseña el estudio UC.
"Como última razón, institucionalizar"
Junto con la responsabilidad que toca al Ejecutivo, el informe también aborda la responsabilidad que cabe a los tribunales de familia en materia de infancia.
Para Domínguez, solo "como última ratio, uno debiera institucionalizar (a los niños, niñas y adolescentes)". Sin embargo, lo que ocurre aparentemente no es eso. "La deficiente calidad de información que reciben los jueces significa que muchas veces...
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