Informe consolidado n°803-2019, sobre auditoría al cumplimiento de las funciones institucionales atendidas las ocupaciones ilegales e irregulares de terrenos fiscales en el borde costero de las regiones de tarapacá, antofagasta, atacama y Coquimbo. - Doctrina Administrativa - VLEX 909052812

Informe consolidado n°803-2019, sobre auditoría al cumplimiento de las funciones institucionales atendidas las ocupaciones ilegales e irregulares de terrenos fiscales en el borde costero de las regiones de tarapacá, antofagasta, atacama y Coquimbo.

Fecha31 Diciembre 2019
Número de informe803/2019
EmisorI Contraloría Regional Metropolitana de Santiago

OBJETIVO Efectuar auditorías al cumplimiento de las funciones institucionales de las SEREMI de Bienes Nacionales y servicios relacionados, tales como, Intendencias Regionales, Gobernaciones Provinciales, Municipalidades, Gobernaciones Marítimas, SEREMI de Salud y SEREMI de Vivienda y Urbanismo, en materia de ocupaciones ilegales y/o irregulares de terrenos fiscales en el borde costero de las regiones de Tarapacá, Antofagasta, Atacama, y Coquimbo, durante el período comprendido entre el 1 de enero al 31 de diciembre de 2018.
Las revisiones tuvieron por finalidad constatar el cumplimiento de las disposiciones legales y reglamentarias relacionados con la materia, para identificar, mitigar y recuperar las ocupaciones ilegales y/o irregulares de terrenos fiscales. Asimismo, verificar que la labor de fiscalización de las entidades relacionadas se ejecute de forma eficiente y oportuna, si cuenta con un catastro actualizado de los predios fiscales, si las entidades pertinentes han dado cumplimiento a los procesos de desalojo requeridos por la SEREMI de Bienes Nacionales respectiva, si se realiza un seguimiento en terreno de los predios fiscales ya desalojados, y finalmente, evaluar si existe una efectiva coordinación y comunicación entre las instituciones competentes que prevengan la ocupación no autorizada de terrenos fiscales del borde costero.
CONCLUSIONES En las cuatro auditorías realizadas, se pudo constatar que los catastros administrados por las entidades fiscalizadas no se encontraban debidamente actualizados, lo que no permite tener un conocimiento pleno de la cantidad real de ocupaciones ilegales e irregulares en cada región.
Ante tal escenario, se ha instruido a las entidades respectivas que, en lo sucesivo, deben efectuar las acciones que correspondan con el fin de mantener en todo momento actualizado el catastro de ocupaciones, velando por que contenga toda la información necesaria que permita tener certeza de quienes son las personas que ocupan ilegal o irregularmente los terrenos fiscales en el borde costero de su jurisdicción, con el propósito de
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