Industriales recurren al TC para frenar proyecto que prohíbe uso de bolsas plásticas
En una jugada de último minuto, antes de que el proyecto sea promulgado como ley, la Asociación de Industriales del Plástico (Asipla) ingresó al Tribunal Constitucional (TC) un escrito que busca frenar que la iniciativa que prohíbe la entrega de bolsas plásticas en el comercio se transforme en ley en los términos en que fue aprobada por el Congreso.
El proyecto, que es impulsado por el Gobierno, en mayo fue aprobado en el Senado y en la Cámara de Diputados, y por estos días enfrenta en el TC un control preventivo de constitucionalidad, que es su último trámite antes de que promulgue y se publique como norma legal en el Diario Oficial.
En esta ofensiva Asipla reclutó a un equipo de abogados constitucionalistas de fuste, liderados por Gastón Gómez, José Francisco García y Francisco Cañas, todos del estudio Gómez, Pallavicini & García Abogados. Gómez en 2016 alegó ante el TC en el requerimiento de Chile Vamos que terminó derribando el corazón de la Reforma Laboral. El jurista también redactó el escrito que presentó la Cámara Nacional de Comercio (CNC) contra la reforma al Sernac, que fue clave en la objeción que finalmente realizó el Tribunal a las facultades sancionatoria y normativa del proyecto. Esa última fórmula es la que ahora busca reeditar con éxito Asipla.
Así, este sería el tercer proyecto emblemático económico que sufre objeciones relevantes en el TC en los últimos dos años.
En el texto denominado "téngase presente" los industriales del plástico advierten en primer lugar al Tribunal que la indicación sustitutiva que ingresó el Ejecutivo a inicios de mayo y que reemplazó la totalidad de la moción original parlamentaria, cambió la idea matriz del proyecto previo, lo cual, a juicio del gremio, vulneraría el artículo 69, inciso 1, de la Constitución, que limita la presentación de indicaciones que no tengan relación directa con las ideas matrices o fundamentales de un proyecto de ley.
También Asipla advierte que el texto legislativo en su artículo 3° consagra "una prohibición absoluta, total, permanente, arbitraria, selectiva, y desproporcionada, que tiene un impacto directo en el ejercicio del derecho a desarrollar una actividad económica lícita de mis representadas".
Añade que, además de infringir los derechos a la igualdad ante la ley y la no discriminación arbitraria, tanto genérica como específica en materia económica, la iniciativa crea un régimen de prohibición total que en caso de ser ratificado por el Tribunal implicaría...
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