La indignación y la libre competencia - 12 de Diciembre de 2019 - El Mercurio - Noticias - VLEX 829560021

La indignación y la libre competencia

Los ciudadanos tienen el derecho a indignarse cuando empresas que se coludieron terminan pagando multas sustancialmente menores al beneficio económico asociado a la infracción. Y más derecho aún tienen a indignarse cuando los productos afectados son indispensables en su vida diaria, como es el caso de medicamentos, pollo o papel higiénico. Y también es natural que se indignen porque ninguno de los ejecutivos responsables de graves actos de colusión haya terminado en la cárcel. Pero lo cierto es que esa indignación existe, en primer lugar, porque en Chile hemos logrado establecer una institucionalidad de libre competencia con herramientas que han permitido detectar y perseguir a los carteles.En 2006 el gobierno de la expresidenta Bachelet envió al Congreso un proyecto de ley que buscaba combatir la colusión a través de crear la delación compensada y otorgarle facultades intrusivas a la Fiscalía Nacional Económica (FNE), que incluían la posibilidad de allanar recintos públicos o privados, incautar objetos y documentos e interceptar toda clase de comunicaciones. Sin estas atribuciones, detectar y sancionar carteles era una tarea casi imposible.Una FNE débil en aquella época era lo que explicaba, por ejemplo, que en 2007 un ejecutivo de una empresa avícola declarara sin temor alguno en una entrevista que: "Tenemos una asociación gremial muy fuerte, a través de la cual hemos logrado acuerdos con respecto a lo que le corresponde a cada uno en el mercado. No nos vamos a quemar por un 1% más". Luego de una larga tramitación en el Congreso, dicho proyecto de ley fue aprobado en 2009. Con este instrumental, la FNE ha investigado y conseguido que se sancionen carteles en industrias tales como compresores de refrigeradores, producción de pollo, transporte público de pasajeros, papel tissue , provisión de ampollas a hospitales públicos, supermercados y transporte marítimo de automóviles.Lo cierto es que, con la irrupción de estos casos, quedó de manifiesto que las sanciones que contemplaba la ley estaban lejos de ser disuasivas. Por lo mismo, en el segundo gobierno de la expresidenta Bachelet se envió al Congreso un proyecto de ley que consagraba, entre otras materias, penas de cárcel e inhabilidades en contra de los ejecutivos responsables de coludirse y multas que podían llegar a hasta el doble del beneficio económico obtenido por los infractores. Estas materias se transformaron en ley en 2016, estableciéndose una pena de cárcel efectiva de a lo menos...

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