Incorpora un numeral 27° al artículo 19 de la Constitución Política con el fin de garantizar a los adultos mayores un acceso preferente a las prestaciones del Estado.
| Fecha | 21 Julio 2015 |
| Número de Iniciativa | 10197-07 |
| Fecha de registro | 21 Julio 2015 |
| Autor de la iniciativa | García Huidobro Sanfuentes, Alejandro, Guillier Álvarez, Alejandro, Ossandón Irarrázabal, Manuel José |
| Materia | ADULTOS MAYORES, CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LA REPÚBLICA, ENVEJECIMIENTO, PRESTACIONES DE SALUD, TERCERA EDAD |
| Etapa | Primer trámite constitucional (Senado) Primer informe de comisión de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento |
| Tipo de proyecto | Reforma constitucional |
| Cámara Legislativa de Origen | Senado,Moción |
Boletín N° 10.197-07
Proyecto de reforma constitucional, iniciado en moción de los Honorables Senadores señores Ossandón, García-Huidobro y Guillier, que incorpora un numeral 27° al artículo 19 de la Constitución Política con el fin de garantizar a los adultos mayores un acceso preferente a las prestaciones del Estado.
Exposición de motivos
I.- Los múltiples desafíos que plantea la nueva realidad demográfica
Al igual que muchos países desarrollados o en vías de desarrollo, Chile ha experimentado durante las últimas décadas un acelerado proceso de transición demográfica. Sólo en el período 1950-2010, la población de adultos mayores, es decir, personas con 60 años o más, ha aumentado en 85%, llegando a 13% de la población total en 20101.
El fenómeno de envejecimiento de la población es un indicador positivo de los logros alcanzados por los avances tecnológicos y médicos, la cobertura de la salud y el desarrollo económico de los países. No obstante, este aumento de la esperanza de vida no implica, necesariamente, mejoras sustanciales en la calidad de la existencia de esas personas. Es así como se pueden constatar falencias en materias de salud, vivienda, protección, transporte e institucionalidad.
a. Desafíos en el área de la salud
El envejecimiento individual va acompañado del deterioro gradual de las condiciones de salud física y mental de las personas mayores, lo que involucra un consecuente aumento de enfermedades crónicas. De no realizarse intervenciones específicas, estas condiciones pueden provocar “limitación funcional y gradual pérdida de autonomía”2.
Estas limitaciones, definidas “como la restricción de las capacidades físicas o mentales para efectuar las tareas requeridas para mantener una vida independiente”3, forman parte de la realidad de gran parte de nuestros ancianos. Así lo confirma el Estudio Nacional de la Dependencia en las Personas Mayores, que determina que aproximadamente un cuarto de dicha población (24,1%) se encuentra en situación de dependencia4.
Adicionalmente, la dependencia y limitación funcional son importantes predictores de discapacidad, morbilidad y mortalidad en el adulto mayor, que inciden relevantemente en su calidad de vida5 . De hecho, “el deterioro gradual de las condiciones de salud física y mental que acompaña al proceso de envejecimiento, junto a la reducción o el cese completo de la participación en el mercado laboral y la mayor dependencia de las transferencias de ingresos de diversas fuentes públicas y privadas, determinan que el crecimiento de la población de adultos mayores origine una mayor demanda de asistencia y servicios de salud”6.
En el sector público de salud, la variable más influyente en la probabilidad de consulta en el nivel ambulatorio es la edad; para ambos sexos existe una mayor probabilidad de acceso especialmente para los menores de 2 años y los adultos mayores. En el caso de las Isapres, ellas cobran primas diferenciadas según riesgo, las cuales son más elevadas para las mujeres y los adultos mayores7.
La tercera edad requiere de una atención médica de calidad y en plazos acotados, cuestión que difícilmente ocurre en la realidad cotidiana. Abundan los casos de adultos mayores que, esperando intervenciones médicas durante largos períodos, van perdiendo gradualmente su movilidad temporal o desarrollan enfermedades concomitantes relacionadas con la patología inicial. El último informe que el Ministerio de Salud entregó al Congreso Nacional, en marzo de 2015, confirma esta realidad, pues hay cerca de 240 mil personas aguardando por una cirugía. Esta cifra exhibe un aumento de 23% respecto del número de pacientes que requerían una intervención quirúrgica en el mismo mes del año anterior, cuando había casi 195 mil personas en esa situación. Adicionalmente, los 135.113 pacientes que en marzo estaban en lista de espera por una cirugía llevan más de un año aguardando por su operación8. Dicha situación es especialmente grave en los adultos mayores, al generar una escalada de múltiples situaciones de intervención quirúrgica tardía, que no permiten subsanar los daños irrecuperables asociados al prolongado período de espera de la intervención.
b. Desafíos en el área de la vivienda
Hoy es sumamente difícil encontrar políticas habitacionales especializadas. Pero no sólo eso, tampoco se han sacado lecciones de las problemáticas existentes en países más desarrollados, como Suiza y Alemania, en los cuales si bien se han alcanzado importantes grados de autonomía para los adultos mayores, debido a una buena calidad de la salud, les subyace, no obstante, una preocupante situación de soledad para muchos de ellos.
Más allá de políticas basadas exclusivamente en el concepto de autonomía, como la construcción de viviendas tuteladas, condominios para mayores autovalentes y establecimientos de larga estadía, es necesario profundizar en políticas de integración familiar. Ellas permiten a los adultos mayores residir de la mejor forma posible en el seno de su familia, factor fundamental de integración, o en estrecho contacto con ella, garantizando adicionalmente la autonomía de estos. Esta realidad no puede ser soslayada, ya que actualmente existen políticas muy débiles en relación a la adaptación de las viviendas, a la priorización de viviendas adecuadas para las familias que se hacen cargo de sus progenitores, o en relación a la construcción de más centros diurnos. Dicha situación es insostenible en el tiempo, pues sin este tipo de políticas, sin una mayor inversión en centros diurnos o en subsidios de adecuación, la demanda de cupos para ingresar adultos mayores en centros ELEAM se hará inmanejable.
c. Desafíos en el área de la protección individual
El maltrato de los adultos mayores, ya sea por parte de sus familiares, de terceros o del personal de los establecimientos de larga estadía, es una realidad no cuantificable debido a la complejidad de detectar dichas situaciones. Sin embargo, el aumento en un 87% de las denuncias de maltrato a personas de la tercera edad, pasando de 414 a 773 casos en 2011 y que llegó a 7.311 denuncias que se efectuaron ante Carabineros en 2012, evidencian la necesidad de incorporar mejores políticas públicas de protección para este grupo etario, ya que los abusos físicos, psicológicos y económicos existen y deben ser fiscalizados9.
No existen mecanismos que permitan detectar casos de desnutrición o de maltrato de los adultos mayores, asegurando su protección y estabilidad. Esto porque no se encuentra adecuado el marco constitucional con el fin de permitir la creación de instituciones especializadas en la protección de la tercera edad.
d. Desafíos en el área del transporte público
Los adultos mayores ven reducidas sus posibilidades de desplazamiento en los sistemas de transporte público por múltiples factores. En primer lugar, hay una falta de políticas de subsidio tarifario al transporte público a nivel país. Si bien existen sistemas de transporte en regiones que cuentan con precios de adulto mayor, en la capital el Transantiago no ha mostrado el mismo compromiso, pues sólo se contemplan tarifas diferenciadas gestionadas para el Metro, el cual ha homologado el valor de su pasaje a la que pagan los estudiantes, que actualmente es de $210, y sólo en determinados horarios que excluyen las horas punta.
Esta situación adquiere relevancia si consideramos dos cosas. Por una parte, que el promedio de las pensiones es de un monto de 183 mil pesos, estimado en 2013 según cifras de la Comisión Especial para el Estudio de Reformas al Sistema de Administradoras de Fondos de Pensiones (AFP)10. Por la otra, observamos que según datos del Estudio Nacional de Dependencia en las Personas Mayores, elaborado por el Senama en 2009, el sistema de transporte más utilizado para desplazarse por los adultos mayores es el transporte público11.
Un segundo factor que afecta la movilidad de los adultos mayores es la violencia en la conducción de numerosos medios de transporte públicos. Esta situación les expone a lesiones ocasionadas por frenazos bruscos y a una conducción en exceso acelerada. Este tipo de daños, bastante poco documentado y estudiado, ha ido alejando al adulto mayor de las micros del Transantiago.
Finalmente, las políticas de movilidad especializadas para los adultos mayores en situación de dependencia o postrados son prácticamente inexistentes. No existen garantías de movilidad para estas personas que les permitan seguir manteniendo nexos con su familia o desplazarse a trámites u oficinas que requieran de su presencia física. Un ejemplo replicable de política municipal que debería convertirse en una política nacional es el programa pionero denominado “Ventanas Abiertas”, iniciado en 2014 por la Municipalidad de Puente Alto. Consiste en un servicio de transporte para postrados que les asegura, a través de un viaje en un vehículo adaptado especialmente para personas de reducida movilidad, disfrutar de una manera lúdica, cultural e inclusiva, una ruta turística por lugares históricos y de importancia civil de la comuna de Puente Alto y de otros lugares del país12.
e. Desafíos en el área institucional
Chile dispone de una institucionalidad sumamente limitada en orden a mejorar la calidad de vida de los adultos mayores. En cambio, los países líderes en calidad de vida de la...
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