Incentivos remuneratorios, ¿para qué? - 9 de Septiembre de 2017 - El Mercurio - Noticias - VLEX 692947681

Incentivos remuneratorios, ¿para qué?

Lo cierto es que este round de declaraciones vuelve a poner en el tapete noticioso los incentivos remuneratorios variables que reciben la mayoría de los funcionarios del Estado. Estos incentivos fueron noticia hace unos días con la emisión y publicidad del Informe de Resultados del Programa de Mejoramiento de la Gestión, PMG, 2016 (julio, 2017), de la Dirección de Presupuestos del Ministerio de Hacienda, que da cuenta que, desde que hay registro (1998), todos los servicios públicos evaluados en el marco de este programa lograron las metas suficientes para recibir la totalidad del bono por cumplimiento.

Estos bonos se instalaron con la ley 19.553 y los inspira la creencia que la motivación remuneratoria puede ser un incentivo al desempeño, cuando se refleja en instrumentos transitorios de remuneraciones que son un correlato a medidas que se convienen, establecen y difunden de manera anticipada. Lo cierto es que esta lógica se ve violentada cuando el 100% de los posibles beneficiarios percibe el incremento transitorio, pues para ellos -en la realidad- pasó simplemente a ser un corrector de mejoramiento remuneratorio parcializado. Cuando todos lo reciben, nadie puede decir que mejoró.

La verdad es que nos hemos llenado de instrumentos de esta especie, que también alcanzan a entidades que no son parte de la Administración del Estado, como los Tribunales y el Ministerio Público. Hay bonos remuneratorios de tipo individual (incentivo al Alto Directivo Público), colectivo (Convenios de Desempeño Colectivo), e institucional (los PMG y las Metas de Eficiencia Institucional). La mayoría de ellos, además, no son imponibles. Este PMG, como bien enseña Dipres, está asociado al cumplimiento de objetivos de gestión de los servicios, es centralizado en la definición de sus lineamientos que hace un Comité Triministerial, implementado por una Secretaría Técnica que es la misma Dipres y apoyado por una Red de Expertos que, de nuevo, son servicios y ministerios involucrados, y cuentan -solo desde el 2011- con expertos externos, contratados por licitación pública.

El monto de este incentivo, a partir de 2010, corresponde a un 7,6 por ciento de la remuneración base anual si la institución alcanza un grado de cumplimiento anual igual o superior al 90% de los objetivos comprometidos, incentivo que alcanza al 3,8 por ciento de la misma remuneración si dicho cumplimiento es inferior al 90 por ciento y no se otorga si es menor al 75 por ciento. Ello pagado...

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