Inaceptable extensión de procesos penales - 7 de Febrero de 2023 - El Mercurio - Noticias - VLEX 922425261

Inaceptable extensión de procesos penales

Hace unos días se postergó, aunque en principio solo para el próximo 13 de febrero, el inicio del juicio oral contra Marco Enríquez-Ominami, Pablo Longueira y Patricio Contesse. La frustración de acusados y defensas es comprensible -así como la de la sociedad, que espera conocer un veredicto- pues la duración del proceso en el denominado "caso SQM", iniciado formalmente en 2015, es realmente impresionante. El antiguo gerente general de SQM, por ejemplo, fue formalizado hace casi 8 años, de los cuales ha pasado más de 6 sometido a la medida cautelar de arresto domiciliario. En el caso de Longueira han pasado 7 años desde su formalización. Estos tiempos de duración del proceso penal están muy lejos del máximo legal de dos años. La Fiscalía y el sistema en su conjunto los justifican aludiendo a la complejidad de los antecedentes del caso -lo cual, tratándose de procesos penales, donde se trata de sancionar solo los ilícitos a todas luces más graves, ya produce cierta suspicacia-, que estuvo a cargo de decenas de funcionarios, entre ellos dos fiscales con dedicación exclusiva. También se apela a tecnicismos, como el hecho de que el plazo máximo de dos años se interrumpe con cada nueva formalización, es decir, cada vez que el Ministerio Público, a su solo arbitrio, decide ampliar o modificar aunque sea levemente la comunicación de cargos al imputado.Esta situación es inaceptable y no solo afecta al caso SQM, sino que se ha vuelto una realidad habitual. Los tiempos de tramitación de las causas penales con salida judicial casi se han triplicado en los últimos diez años. Si en 2013 el promedio de días a nivel nacional era de 161, en el año 2022 pasó a ser de 388. Para cualquier persona medianamente familiarizada con estos temas es patente que la respuesta de la Fiscalía y de los organismos que colaboran con ella, en especial las policías, excede toda medida razonable. Algunas unidades policiales pueden tardar entre 6 meses y un año en realizar las primeras diligencias de investigación, y esto incluso allí donde hay intervinientes particulares que instan por el avance del proceso. Por eso no es de extrañar que, cuando la Fiscalía y las policías comienzan a actuar, la evidencia ya haya desaparecido, resulte muy difícil o imposible ubicar a los testigos, y hasta que los afectados hayan sido víctimas de nuevos hechos delictivos. Por eso, cada vez es más frecuente que incluso las víctimas que...

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