El impacto que busca generar la ley de registro de contratos agrícolas
La iniciativa, que se aprobó como la Ley 20.797, establece que se trata de un registro electrónico público voluntario, único y nacional, que garantiza la entrega de los volúmenes pactados y contempla sanciones y efectos en caso de no cumplirse. El reglamento que define cómo operará entró en vigencia en septiembre de 2016 y establece que para que opere se requiere de una plataforma electrónica. Pese a que el registro significaría beneficios como mejorar el acceso al financiamiento para los productores y dar más transparencia a los mercados, la plataforma aun no está.
Desde el Ministerio de Economía, encargado de implementarla, afirman que se está elaborando la resolución que aprueba las bases para la licitación o compra de la plataforma. "Para conseguir el financiamiento de este nuevo proceso de compra, la Subsecretaría ha realizado las acciones necesarias para dar curso a una reformulación de su presupuesto 2017 y, si bien ha existido un pequeño retraso respecto de la implementación del registro, esperamos tenerlo disponible durante el segundo semestre", explican.
En el sector aseguran que la existencia de esta ley es un paso positivo para la transparencia, aunque requiere de una campaña de difusión en el agro, especialmente para incentivar a los rubros que hoy no utilizan masivamente los contratos para que los incorporen.
"Creo que, con la existencia de esta ley, en el corto o mediano plazo podríamos ver la entrada e algún tipo de futuro de contratos a nivel de cultivos como el trigo y el maíz, que se siembran en forma generalizada en el país", proyecta el presidente de la Agrícola Central del Maule, Fernando Medina.
Acceso al financiamiento
Según los especialistas, el mayor impacto del registro es que facilitaría el acceso a financiamiento de los productores.
"Lo que se espera es que se puedan generar mayores incentivos al financiamiento de las actividades productivas, porque este mecanismo fomenta y estimula la agricultura de contratos, favorece los intereses de los involucrados, garantiza que se respeten los acuerdos e incentiva el cumplimiento de ellos, lo que aumenta la certeza jurídica a las relaciones comerciales", asegura el asesor del Ministerio de Agricultura Ramiro Sanhueza.
Si bien en algunos cultivos, como la remolacha, raps, achicoria y avena ya están incorporados masivamente los contratos, contar con un registro público también aporta al desincentivar la intromisión de terceros, ya que se protege la primera compra y venta.
...
Para continuar leyendo
Solicita tu prueba