I. Estado de derecho y administración de justicia
| Autor | Alejandro Gallotti |
| Páginas | 19-29 |
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EL PODER DE SUSTITUCI ÓN DEL JUEZ EN LA FUNCIÓN ADMINISTRATIVA
I
ESTADO DE DERECHO Y ADMINISTRACIÓN
DE JUSTICIA
La definición de Venezuela se encuentra constitucionalmente descrita en
nuestro Texto Fundamental como un Estado democrático y social de derecho y
de justicia, teniendo como fines esenciales «... la defensa y el desarrollo de la
persona y el respeto a su dignidad, el ejercicio democrátic o de la voluntad popular/la
construcción de una sociedad justa y amante de la paz, la promoción de la prosperidad
y bienestar del pueblo y la garantía del cumplimiento de los principios, derechos y
deberes consagrados en esta Constitución…». Como podemos observar, Venezuela
es denominada por el constituyente cómo República, de allí que sea d efinida
en nuestra Constitución como Estado d e Derecho, puesto que La República,
como sistema político se encuentra plenamente fundamenta da en el imperio
del ordenamiento jurídico, así como en. la igualdad ante la ley, todo ello como
mecanismo que procura, frena r, desde la perspectiva del derecho privad o, el
irrespeto y violación de los derechos y garantías del ciudadano, mientr as que
desde la perspectiva de la Administración Pública, busca evitar el abuso de
poder: y de autoridad, protegiendo los derechos fundamentales y las liberta-
des civiles básicas.
De esta manera, resulta plenamente reconocido en nuestro marco consti-
tucional, así como en nuestra doctrina y jurispr udencia que el ordenamiento
jurídico regula el poder y la autoridad en consonancia con las garantías indi-
viduales y el bien común, previendo principios esenciales para que los dere-
chos y garantías constitucionales sean respetados por los individuos y en
especial por aquellos que detentan una condición de Poder -ya sea económica
o jurídica- que denota una situación de supremacía o dominio sobre el parti-
cular, todo ello en la procura de una sociedad justa que garantice la igualdad
entre los ciudada nos.
Lo descrito tiene especial a cepción en el ejercicio del Poder Público,
puesto que el Estado en búsqueda de garantizar la satisfacción de las nece-
sidades ciudadanas, está dotado de un conjunto de poderes y privilegios
frente al particular, que conllevan en cierto modo, una relación de sujeción-
dominio, de allí que las garantías y derechos constitucionales, en atención
de los principios fundamentales del derecho público, resulten la piedra an-
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