Herramientas
Universidad Adolfo Ibáñez y Espacio Público
Financiamiento ilegal de la política, corrupción, cohecho, conflictos de interés, tráfico de influencias, evasión tributaria, colusión y uso indebido de información privilegiada son todos términos que abundan en los medios hoy.
Así, no es de extrañar el deterioro de la confianza ciudadana hacia la política, las élites y la clase empresarial. Se trata de situaciones que dañan la fe pública y que afectan a los chilenos como ciudadanos, votantes, contribuyentes, consumidores y accionistas minoritarios.
En parte, estos casos suceden porque la institucionalidad no entrega suficientes recursos y herramientas para la fiscalización del cumplimiento de normas. Sin supervisión ni seguimiento es difícil que haya disuasión y se apliquen sanciones efectivas.
El capítulo "Confianza en los Mercados", del informe del Consejo Asesor Anticorrupción -instancia en la que tuve el honor de participar-, ofrece ideas que permitirían mayor disuasión.
Si bien el capítulo está destinado a lograr un mejor funcionamiento de los mercados y a elevar la percepción del rol de los privados en la economía, las propuestas pueden ser útiles en otros ámbitos.
En lo sustancial, se propone dar las atribuciones necesarias a los organismos que fiscalizan y persiguen ilícitos. Estas nuevas competencias deben ir de la mano de una mayor independencia, por lo que también se sugieren modificaciones a sus gobiernos corporativos y a la forma en que se designa y/o remueve a sus autoridades.
Una de esas atribuciones es permitir que estas entidades puedan compartir información sensible de manera rápida y efectiva. Si, por ejemplo, el SII detecta infracciones que afectan el valor de una empresa, es importante que la SVS también lo sepa.
Asimismo, no todos los supervisores poseen las facultades intrusivas con las que cuenta la Fiscalía Nacional Económica (FNE), las que fueron claves en la detección de las prácticas colusivas de empresas avícolas y de transporte de pasajeros.
En particular, el Consejo sugiere que las entidades fiscalizadoras puedan acceder al contenido de llamadas telefónicas y correos electrónicos, entre otros, ciertamente con resguardos que aseguren el debido respeto a los derechos de las personas.
Se propone, además, fortalecer la delación compensada y los programas de protección a informantes para potenciar las denuncias y autodenuncias, herramientas que han sido reconocidas internacionalmente como efectivas en la detección y...
Para continuar leyendo
Solicita tu prueba