¿Hacia un parlamentarismo de facto? - 26 de Enero de 2020 - El Mercurio - Noticias - VLEX 839527514

¿Hacia un parlamentarismo de facto?

La mutación fáctica del régimen político que planteaban hace algunos meses constitucionalistas de oposición parece haber dado otro paso esta semana, con la aprobación por la Cámara de la acusación constitucional en contra del intendente de Santiago, Felipe Guevara.Como lo dijeron explícitamente diputados que acogieron el libelo, la eventual sanción al jefe regional no tiene que ver con las infracciones constitucionales que formalmente se le atribuyen -y que incluso algunos de esos mismos congresistas admiten que no se encuentran acreditadas-, sino con una decisión política de reproche al Gobierno. Supone esto una desnaturalización de la figura de la acusación constitucional, pero también del propio sistema presidencial: la oposición está haciendo uso de este instrumento para, primero, expresar su crítica hacia políticas del Ejecutivo y, luego, proceder a la remoción de las autoridades encargadas de ejecutarlas. Se trata de una práctica que, de llevarse a un extremo -como lo sugieren las amenazas de nuevas acusaciones-, impondría en los hechos la necesidad de que las autoridades de gobierno cuenten con la confianza del Poder Legislativo, en una suerte de parlamentarismo impropio que cercena las facultades del Presidente de la República, sin entregarle mecanismos de contrapeso. Ciertamente, los regímenes políticos son una cuestión opinable, pero su eventual modificación debe ser el resultado de un debate transparente y de acuerdos amplios, y no del uso abusivo de herramientas institucionales concebidas para otro propósito. Más aún cuando el país se ha abierto a un proceso constituyente, espacio natural para ese debate.No ha de escapar al análisis el que esta ofensiva debilitadora contra un gobierno ya duramente castigado por las encuestas se concrete respecto del tema más complejo en el contexto de la crisis social, cual es la capacidad de enfrentar la violencia y reponer el orden público. Más allá de declaraciones genéricas, una parte de la oposición no solo ha negado en esta materia cualquier colaboración al Ejecutivo, sino que ha llegado a legitimar acciones de fuerza, como las barricadas y las evasiones masivas, y evitado condenar otras, como el violento boicot a la PSU. La imagen grotesca de encapuchados interviniendo en un seminario sobre derechos humanos en el ex-Congreso bien grafica esta actitud. Impone esto una responsabilidad mayor sobre los sectores más moderados y comprometidos con el orden institucional, en cuanto a representar...

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