Grupo chileno-español y consorcio de Salfa, Moller y Besalco se suman a constructores que exigen indemnización al Estado
Los reclamos apuntan a lo mismo: sobrecostos de obras que no se han cancelado o gastos en que incurrieron los constructores y que el Estado se niega a pagar. Y en un contexto en que vendrán nuevas licitaciones hospitalarias, las empresas exigen definiciones del Estado.
"El Mercurio" conoció otros dos casos en que dos actores de la industria, que participaron en la construcción de hospitales, reclaman indemnizaciones a distintos servicios de salud: el de Consorcio Constructor Hospital de Talca, integrado por tres de las más grandes constructoras de la industria - SalfaCorp, Moller & Pérez-Cotapos y Besalco-, y el del consorcio hispano-chileno Comsa-Pilasi, que participó en la construcción del Hospital Carlos Cisternas de Calama.
En este último caso, en octubre del año pasado la Corte de Apelaciones de Antofagasta acogió la demanda y reconoció una deuda con el consorcio de casi $4.000 millones, además de daños y perjuicios. El Servicio de Salud apeló ese mismo mes a la Corte Suprema.
Comsa-Pilasi asegura que obtuvo más plazo y presupuesto
La relación entre Comsa-Pilasi y el Servicio de Salud de Antofagasta comenzó hace siete años, cuando en abril de 2010 el consorcio se adjudicó el conocido como "nuevo" Hospital de Calama. La obra consistía en la construcción de un recinto de salud, de 34 mil m {+2} por cerca de $31 mil millones.
La situación se complicó en marzo de 2013, cuenta Jaime Pilasi, socio de la constructora, cuando el consorcio cursó un estado de pago al Servicio de Salud por cerca de $750 millones, en circunstancias que durante ese mismo mes Comsa había declarado su quiebra en Chile, relata.
Por esos días fueron citados por el subsecretario de Salud de la época, Luis Castillo, quien les manifestó su preocupación por la situación. "Le explicamos al subsecretario que estaban las boletas de garantía del proyecto, y que permanecía íntegra la caja del proyecto. Además, le planteamos que se requerían $12.800 millones para terminar la obra por concepto de sobrecostos, y que el 30 de abril vencía el plazo para entregar la obra y había que postergarlo", afirma.
Con documentos en la mano, Pilasi dice que las solicitudes fueron acogidas y se extendió una resolución que ampliaba el plazo de la obra, lo que implicaba más presupuesto. No obstante, en mayo de 2013 el Servicio de Salud puso término anticipado al contrato. "Como el Estado no tenía cómo responder a este pago, decidieron que lo más práctico era ponerle término anticipado", afirma...
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