Gobierno evalúa crear mesa de trabajo con Contraloría para nuevo reglamento de aborto
El dictamen de la Contraloría que el miércoles señaló que el protocolo de aborto no se ajusta a derecho dejó con poco margen al Gobierno, especialmente considerando que la oposición evalúa una eventual acusación constitucional contra el ministro de Salud, Emilio Santelices.
Los cambios que haga el Ejecutivo repercutirán en los pasos que den en el Parlamento tanto la ex Nueva Mayoría como el Frente Amplio (ver nota relacionada). Por eso, la Segpres se encuentra analizando qué caminos tomar y se debate entre tres alternativas.
Una opción sería elaborar un nuevo reglamento -no un protocolo, ya que la Contraloría declaró ilegal ese documento- concordado justamente con el ente fiscalizador. Para ello, se conformaría una mesa de trabajo con el contralor Jorge Bermúdez y se avanzaría en las modificaciones.
La posibilidad de concretar esta fórmula ha encontrado resistencia al interior del Gobierno, que estima que sumar a la Contraloría en el proceso sería delegar atribuciones del Presidente de la República y empoderar aún más la figura del contralor, en un contexto en que ya varias voces han advertido las altas atribuciones que posee.
Así, hay quienes aseguran que si se aplica esta idea, la Contraloría podría actuar, en la práctica, como un "colegislador". Debido a estas dudas es que se evalúa una segunda alternativa, que sería que la Segpres y el Ministerio de Salud trabajen en conjunto para crear un nuevo reglamento que se ajuste a derecho.
Una tercera vía sería impulsar una ley, lo que tendría escasas posibilidades, dadas las dificultades para conjugar los aspectos técnicos con el respaldo político de la oposición en el Congreso.
Plazos
Mientras se debate qué mecanismo utilizar, lo que sí estaría zanjado es que los recintos hospitalarios privados que sean objetores de conciencia no podrían tener convenios con el Estado.
Aunque desde el Minsal buscaban hacer excepciones, eso no prosperaría, con el fin de ajustarse al dictamen que determinó que la existencia de un decreto de 1980 hace equivalentes a las instituciones privadas y públicas cuando existen recursos públicos comprometidos en las prestaciones. Por ende, dichas instituciones privadas no pueden acogerse a la objeción de conciencia institucional. En el Ejecutivo prevén, eso sí, que dichas entidades tomarán acciones en tribunales.
En privado, y aunque la vocera Cecilia Pérez aseguró que se trabaja "con premura", en Chile Vamos reconocían ayer las limitaciones del Gobierno para moverse ante...
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