Gobierno alista indicaciones a reforma al Código de Aguas y nuevos proyectos hídricos
Este cambio legal tal como se debate hoy en el Congreso ya ha encendido las alarmas en algunos sectores empresariales, como por ejemplo en la Sociedad Nacional de Agricultura (SNA). Sin embargo, la hoja de ruta definida por el Ejecutivo incorpora nuevas temáticas hídricas, desde indicaciones a la reforma al Código de Aguas hasta nuevos proyectos.
Actualmente, en el Congreso además de esta reforma se están discutiendo dos proyectos que guardan relación con el marco regulatorio del agua en Chile: el de protección de glaciares y el que fortalece las atribuciones de la Dirección General de Aguas (DGA) para recoger información, fiscalizar y sancionar. Y durante el próximo año ingresarán tres más: el que crea una Subsecretaría del Agua; el que busca una gestión integrada de los recursos por cuencas y el que modifica las organizaciones de usuarios, según el cronograma definido por el Ejecutivo.
DGA buscaría participar en las juntas de vigilancia
Que el Estado cumpla un mayor rol en la administración y la distribución de las aguas es uno de los objetivos que busca el Gobierno, a través de indicaciones adicionales a la reforma del Código de Aguas.
"El Estado debiese, por ejemplo, estar presente en las juntas de vigilancia", indica Reinaldo Ruiz, delegado presidencial para los recursos hídricos.
La forma como este cambio se incorpore no está 100% resuelto. De hecho, el tema está siendo analizado por el comité de Ministros del Agua -instancia en la cual participa Ruiz, pero donde también están presentes los ministros de Obras Públicas (MOP), Agricultura, Minería, Energía y Medio Ambiente-, pero una de las opciones que avanza con fuerza es la idea que la DGA tenga presencia en determinadas organizaciones de usuarios.
Una de estas son las juntas de vigilancia, que corresponden a organizaciones conformadas por los titulares de derechos de aguas. Su función pública es la administración de las aguas en una misma cuenca hidrográfica, y la DGA solo en situaciones muy específicas -como por ejemplo, un cuadro de sequía- puede intervenir, en caso que no haya acuerdo entre los particulares respecto de la repartición de las aguas. Esta es una de las situaciones que, de acuerdo a un diagnóstico mayoritario en el Gobierno, debiese revertirse para que el Estado pueda intervenir con o sin acuerdo de los particulares.
Diferencias impiden la coordinación entre los titulares de derechos de agua
Otro tema que se debe subsanar, señala una fuente cercana al MOP, a través...
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