Jefe regional de Gendarmería y alcaide de San Miguel entre futuros formalizados por fatal incendio
Las figuras jurídicas que se aplicarán son homicidio y lesiones por omisión reiterados y cuasidelito de homicidio y lesiones reiterados. Entre los futuros imputados (ver nota aparte) están el jefe regional de Gendarmería, Carlos Bustos, y el alcaide de la prisión, Segundo Sanzana.
Según trascendió, durante la formalización, los investigadores presentarán antecedentes surgidos de no menos de 150 declaraciones de testigos. Además, serían analizadas imágenes del sitio en que ocurrió la tragedia y junto con ello se darán a conocer las causas de muerte detalladas de todos los fallecidos.
El trámite, trascendió, podría realizarse la próxima semana y en dos partes. En una de ella se formalizaría a los oficiales y en la otra a los suboficiales. Éstos últimos eran los que estaban en puestos de centinela la noche del siniestro.
Entre tanto, el 11° Juzgado de Garantía de Santiago solicitó al Ministerio Público que informe de todas las causas que se han acumulado en esta investigación -ya que se presentó una gran cantidad de querellas y no todas tienen el mismo RUC-, a fin de evitar vicios de nulidad por falta de notificación a los intervinientes.
Sobre las formalizaciones, el presidente de la Asociación Nacional de Oficiales Penitenciarios, mayor José Maldonado, sostuvo: "Desilusiona la investigación del Ministerio Público, creemos que al fiscal le tembló la mano para responsabilizar a las autoridades políticas que estaban a cargo de la administración de los recursos para la reparación y mantención del equipamiento técnico y de las redes contra incendio, ya que el personal de servicio recurre a sus escasos medios, y con sus capacidades humanas hacen todo lo posible".
Sumario interno
En el plano interno del servicio de prisiones, más de mil setecientas páginas, divididas en ocho tomos, tiene la investigación administrativa instruida por el coronel Claudio Cerda.
El sábado último, el fiscal interno entregó el resultado del sumario al director nacional Luis Masferrer.
El coronel Cerda propone penalizar a diez funcionarios del servicio carcelario con sanciones que van desde la destitución hasta la suspensión temporal del empleo y multa, puesto que éstos habrían reaccionado en forma tardía ante la propagación del siniestro.
Fuentes cercanas a la investigación explicaron que se trata del teniente José Hormazábal, la subteniente Edith Ramírez, el cabo José Quilodrán, y los gendarmes Juan Bravo, Jonathan Zamorano, Gerardo Beroiza, Fernando Orrego, Felipe...
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