Estado ha gastado $46.695 millones en dos décadas en tierras para comunidades indígenas con involucrados en delitos
"El Mercurio" revisó los catastros oficiales de compras de tierras desde 1994 hasta 2015 y constató cómo en este período al menos 17 de las comunidades con integrantes condenados o imputados por participar en delitos -desde tomas de caminos hasta homicidios- han sido favorecidas con predios por un total de 12.574 hectáreas, lo que ha significado para el fisco un desembolso de $46.695 millones, más de US$ 70 millones (En la infografía, están destacados los principales casos en que se han desembolsado cerca de $35 mil millones).
Pese a este desembolso de dinero, las ocupaciones de terrenos privados no desaparecen de las zonas más conflictivas y, muchas veces, integrantes de las mismas comunidades beneficiadas con grandes predios perseveran en el recurso de la ocupación de propiedades pertenecientes tanto a grandes forestales como a pequeños parceleros.
Prueba de ello es que dos de los imputados por el caso Luchsinger-Mackay son integrantes de la comunidad Juan Catrilaf II, la que ha recibido grandes extensiones de terreno. Se trata de Luis Sergio Tralcal Quidel y Sergio Catrilaf. A estos comuneros se suman otros nombres de esta comunidad con participación en delitos: Mauricio Huaiquilao, Pablo Canío Tralcal, Pedro Cheuque y Daniel Canío Tralcal, indica un informe del abogado de la Multigremial de La Araucanía, Juan Pablo Lepín.
Entre 2008 y 2011, la Comunidad Juan Catrilaf II accedió a los Fundos el Aromo y Santa Margarita, entonces de propiedad de la familia Luchsinger. En total, esa organización ha recibido del Estado más de 600 hectáreas de suelo agrícola en la zona de Padre Las Casas, lo que ha supuesto un desembolso de más de $3 mil millones para el fisco.
Consultado sobre las posibilidades de que comunidades con integrantes involucrados en actos violentos sigan accediendo a predios, el ministro de Desarrollo Social, Marcos Barraza -de quien depende la Conadi-, señala que existe una confusión respecto a lo establecido en la glosa del Presupuesto 2016 que fijó el criterio de no priorizar la compra de tierras que hayan sido objeto de alguna perturbación: "Esta se refiere a predios, no a personas ni a comunidades. Por tanto, es erróneo decir que la prohibición recae sobre comunidades violentas o personas. Discriminar a una comunidad por lo que hace uno de sus miembros no está contemplado en la ley", señala la autoridad.
Dirigentes hacen públicamente un llamado al uso de la fuerza
En Ercilla se ha presentado un fenómeno parecido, en que varias de las comunidades con miembros que han protagonizado hechos de violencia de alta connotación destacan entre las que tienen más tierras transferidas por el Estado. La comunidad Temucuicui, cuyos integrantes atentaron de manera recurrente contra los predios del agricultor René Urban, finalmente se hizo de 3.090 hectáreas, por las cuales el Estado pagó más de $3.658 millones. Este proceso se dio entre 1998 y 2014, tiempo en el cual la comunidad experimentó un proceso de subdivisión que dio lugar a las comunidades Ignacio Queipul, Ignacio Queipul II y Autónoma Temucuicui, todas con tierras compradas por el fisco. El agricultor...
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