Garantiza la probidad de las autoridades y jefes de los servicios públicos, Diputados y Senadores.
| Fecha | 15 Abril 1993 |
| Número de Iniciativa | 966-07 |
| Fecha de registro | 15 Abril 1993 |
| Etapa | Archivado |
| Materia | PROBIDAD ADMINISTRATIVA |
| Tipo de proyecto | Proyecto de ley |
| Cámara Legislativa de Origen | Cámara de Diputados,Moción |
Proyecto de ley para garantizar la probidad de las autoridades y jefes de los Servicios Públicos, Diputados y Senadores (boletín Nº 966-07)
1.- En los sistemas en que la actividad económica se radica fundamentalmente en el sector privado, suelen crearse situaciones que dan origen a conflictos de intereses entre éste y el sector público, como consecuencia de la finalidad distinta que cada uno de ellos persigue.
Los particulares requieren, para el desarrollo y expansión de sus empresas y negocios, de normas administrativas y legales favorables a ese objeto, lo que los impulsa a realizar acciones de persuasión sobre las autoridades y funcionarios encargados de dictar dichas normas o de decidir una determinada situación. Esta búsqueda constituye un ámbito de acción enteramente legítimo, pero que, sin una normativa adecuada que la regule y la haga transparente, puede ser ocasión propicia para el ejercicio de la influencia indebida y la corrupción.
Conviene tener presente que en forma cada vez más creciente, se organizan “grupos de interés”, representativos de distintas áreas del quehacer nacional, que buscan influir sobre las autoridades del Estado y los Parlamentarios. En el último tiempo se puede observar, particularmente en el ámbito empresarial y, dentro de éste, en el de los grandes proyectos en áreas como la pesca, transporte, telecomunicaciones y forestal, la actuación de grupos de presión bien definidos –conocidos en otros países “lobby”- que han realizado una intensa actividad de “persuasión”, sobre funcionarios públicos y miembros del Congreso con el objeto de obtener decisiones de la autoridad favorable a sus intereses.
Si a lo anterior se agrega que muchas de las personas que ejercen cargos públicos del más alto nivel en el Ejecutivo y también muchos Parlamentarios, continúan ejerciendo sus actividades en el área privada, durante el desempeño en dichos cargos, es forzoso concluir que existe un campo peligrosamente para el ejercicio indebido de un cargo, incurriendo en conductas ilícitas tales como el tráfico de influencias, la presión indebida o el aprovechamiento de una situación de poder, privilegiando los intereses particulares por sobre el bien común que el Estado corresponde promover.
En este contexto es imperativo modernizar nuestra legislación, con el objeto de garantizar la transparencia de la actividad política que ejercen las autoridades y funcionarios del Estado, los Parlamentarios y también los dirigentes de los partidos políticos, previniendo –y, no sólo sancionando- las conductas contrarias a los deberes que derivan de la naturaleza del cargo que se desempeña y reñidas con la ética de todo servidor público.
Desde un punto de vista más tradicional, ha existido siempre el peligro del “funcionario corrupto”; aquel que lista y llanamente acepta sobornos o utiliza su cargo con fines de enriquecimiento personal. Este tipo de situaciones está en la actualidad plenamente sancionada por nuestra legislación y cubierta por las facultades de fiscalización de la Cámara de Diputados.
Por ello, la preocupación de esta iniciativa legal dice relación, más bien, con situaciones ambiguas, en la que existen ciertos elementos subjetivos, muchas veces derivados de la condición particular de un funcionario. Nos referimos a aquellos casos que permiten al funcionario deshonesto tender un mando de juridicidad sobre sus acciones; o que hacen incurrir al funcionario honesto en conductas que pueden, y deben, ser calificadas como ilícitas.
Particularmente alarmante resulta el hecho...
Para continuar leyendo
Solicita tu prueba