Funcionarios del Registro Civil logran alza en última oferta del Gobierno y deponen paro
Ese es parte del balance que dejó el paro ilegal de los 3.100 funcionarios del Registro Civil, que ayer llegó a su fin.
Claro que más allá del recuento numérico, el verdadero impacto de la extensa movilización -la más larga de los últimos veinte años en el país- lo experimentaron miles de personas que durante más de un mes se enfrentaron a la imposibilidad de realizar trámites tan fundamentales y urgentes como inscribir a un recién nacido o a un difunto, obtener una cédula de identidad o contar con un pasaporte para viajar al exterior.
Tales consecuencias fueron remarcadas ayer por la ministra de Justicia, Javiera Blanco, quien, sin dar a conocer públicamente los montos del acuerdo, reiteró que el Gobierno enfrenta una restricción presupuestaria para el próximo año.
"No hay que sacar cuentas felices y no creo que nadie haya ganado. Aquí solo perdieron los ciudadanos y ese es un mensaje que tiene que calar profundo para efectos de cómo queremos construir nuestro país", señaló.
Los sumarios contra los funcionarios que abandonaron sus labores no fueron parte de la negociación y siguen en curso, por lo que eventualmente darán lugar a descuentos por los días no trabajados, suspensiones e incluso despidos.
La presidenta de los empleados movilizados, Nelly Díaz, enfatizó que "el bono que decían que no merecíamos, lo tenemos (...) Nada justifica la molestia de la gente, pero no nos quedó otro camino". Requerida por el alto costo que pagaron los miles de ciudadanos afectados y por lo difícil que será volver a la normalidad con 2,2 millones de trámites pendientes, respondió que "en el Registro Civil siempre han existido filas".
Detalle de los montos
Se necesitaron once reuniones y más de cinco propuestas para destrabar el conflicto. Y pese a que el Gobierno se negó en un principio a negociar con los trabajadores mientras estos siguieran movilizados, Blanco cedió ante la presión y abrió conversaciones con Díaz cuando el paro sumaba 32 jornadas.
Ayer, la titular de Justicia, su subsecretario, Ignacio Suárez, y el asesor de Hacienda Enrique Paris firmaron un acuerdo de cinco puntos con los dirigentes.
Su contenido finalmente se hizo público. En lo medular, los trabajadores del Registro Civil lograron que se les pague un nuevo bono, sujeto a la productividad que muestren en el desempeño de sus funciones. El proyecto de ley respectivo será enviado al Congreso en el primer trimestre de 2016.
Tal asignación anual -adicional a la que ya reciben a partir de una encuesta de satisfacción de los usuarios- entrará en régimen en 2017 y contempla un monto global de $1.650 millones. Así, cada funcionario obtendría como máximo un bono de $518 mil. Una mesa tripartita -entre Gobierno, autoridades del servicio y trabajadores- que deberá comenzar a funcionar a partir del próximo mes, definirá en cuántas cuotas se entregará el beneficio.
Esto es 10% más que la última oferta hecha por el Gobierno el jueves ($1.500 millones) y 36% inferior a la que...
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