Ex frentista condenado a cinco años de libertad vigilada por crimen de Guzmán
El parlamentario fue acribillado en el semáforo que está frente al Campus Oriente de la Universidad Católica el 1 de abril de 1991.
El ministro que investigó esta causa, Mario Carroza, determinó que la dirección nacional del FPMR en 1989 pactó en conjunto "ajusticiar al senador de la República Jaime Guzmán en el marco de la llamada campaña por la Dignidad Nacional o No a la Impunidad".
Según relató el juez en la sentencia, el FPMR era una estructura organizada y con línea jerárquica vertical "por lo que sus decisiones colectivas de carácter delictivo adoptadas en su interior le hacen responsable de los ilícitos que se cometan", ya que todos sus integrantes estaban al tanto de lo que se planeaba. En esta jerarquía, Villanueva ocupaba el cuarto lugar.
Por esta razón, el juez Carroza no consideró estos hechos solo como un homicidio calificado, sino que aplicó la Ley Antiterrorista N° 18.314 y de Seguridad Interior del Estado N° 12.927.
Ello porque sus autores tenían un propósito adicional de "producir un sentimiento de inquietud y miedo", "alterar el orden público y la paz social", y "absoluta conciencia que el ilícito se cometería no solo contra la persona y su posición ideológica, sino que también era un senador elegido por la ciudadanía".
Sobre el ex frentista y su participación, el magistrado sostiene que tiene pruebas que demuestran que Villanueva "estuvo presente y expresó su conformidad cuando se decide la ejecución de personas y se elabora la lista de las víctimas", y que mientras permaneció en esta organización no mostró disconformidad con las acciones armadas del movimiento.
La pena que otorgó el juez al único condenado por el asesinato que permanece en Chile causó malestar entre algunos querellantes que esperaban una sentencia mayor, por lo que están evaluando apelar cuando se los notifique.
Carroza bajó en tres grados la pena de 15 años y un día que recomendó la fiscalía judicial, por lo que habría cumplido privado de libertad la condena. Los querellantes del Ministerio del Interior, la UDI y la familia habían pedido 20 años por el crimen en su acusación particular. Mientras que el CDE solicitó la pena de presidio perpetuo.
Una de las razones fue que se le reconoció como atenuante la irreprochable conducta anterior, y además se le aplicó la figura legal de la media prescripción de la pena. Esto último al considerar el período desde que ocurrieron los hechos (1 de abril de 1991) y el tiempo en que -por primera vez- se dirigió acción penal en contra del ex frentista (el 6 de septiembre de 2010 cuando se reabrió...
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