Fiscalización riesgosa - 17 de Junio de 2017 - El Mercurio - Noticias - VLEX 682924045

Fiscalización riesgosa

Seguramente María Angélica daría lo indecible por mantener su anonimato y vida cotidiana, pero ya no puede volver atrás las manillas del reloj, está llamada a ser un símbolo vivo y permanente de los efectos de un problema que nos afecta a todos y que no podemos corregir a punta de leyes, querellas, u otras bravuconadas legislativas o mediáticas; debemos tomar conciencia de que el problema del Transantiago se nos está escapando de las manos y que todos tenemos algo que decir, hacer y concretar.

La evasión de este sistema, al primer trimestre del 2017, alcanza un nivel global de evasión del 31,4%, bajando unos puntos desde el 34,6% que arrojaba la medición anterior. Pero entendamos que esta evasión es global, pues al desagregar la cifra observamos que tres de las prestadoras más grandes superan, por mucho, este promedio. La evasión, ajustada por pasajeros transportados llega al 34,9% en SuBus Chile, al 37,6% en Alsacia y a un 46% en STP Santiago; es decir, hay zonas de Santiago donde casi la mitad de los usuarios del sistema no pagan su pasaje. Esto ya dejó de ser tendencia y es posible sostener que ha ocurrido una transformación cultural donde se ve como legítimo el incumplimiento, que se tiene el derecho a eludir el pago del pasaje y que resulta una defensa legítima amedrentar a quienes velan porque aquello no ocurra. Las razones de este cambio quizás se encuentran en la facilidad otorgada al inicio de funcionamiento del sistema o en la persistente deficiencia e incomodidad que este ha mantenido durante más de 10 años, desde su puesta en marcha.

Sin perjuicio de las correcciones y mejoras implementadas, en la vorágine de licitaciones, contratos y modificaciones que ha habido estos años, siguen siendo los instrumentos contractuales los que definen la suerte y ventura de su ejecución y que han irrogado, en este tiempo, gastos directos superiores a los 6.500 millones de dólares, más una serie de recursos presupuestarios que alcanzan a fondos espejos que se invierten tímidamente en regiones. Entre estos recursos que se inyectan al sistema hay valores que corresponden a los costos de fiscalización que se les traspasa a los operadores y que apuntan a promover la disminución de la evasión -en un juego de premios y castigos-, y que incentivan a que estos contratantes se hagan cargo de una labor que, siendo potestativa y exclusivamente estatal, la realizan mediante trabajadores privados que asumen como fiscalizadores, sin ningún soporte de autoridad...

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