Fiscalía desarrolla sistema para proteger a denunciantes de delitos de corrupción
Fue uno de los anuncios del fiscal nacional, Jorge Abbott, en su tercera cuenta como máxima autoridad del Ministerio Público. Desde el 2017 se trabaja en un proyecto que busca impulsar un sistema de protección para denunciantes de delitos de corrupción y que tiene entre sus objetivos mejorar las deficiencias en la persecución penal de estos ilícitos, que pese a que solo constituyen el 0,2% de los casos que ingresaron el año pasado a la fiscalía, la cifra va en aumento.
En estas investigaciones, que involucran a funcionarios públicos en actos de corrupción, los delitos más conocidos son el cohecho, fraude al fisco, enriquecimiento ilícito y malversación de caudales públicos.
Durante 2017 ingresaron 3.025 casos vinculados a estos ilícitos. El año anterior, la cifra llegó a 2.846. Y si se suman los ingresos desde 2015, el número se eleva a 8.383 investigaciones.
Trabajo con la Contraloría y el CDE
Actualmente, el proyecto que encabeza la Unidad Anticorrupción de la Fiscalía Nacional está en etapa de diagnóstico y para su desarrollo se ha trabajado con organismos como la Contraloría General de la República y el Consejo de Defensa del Estado.
Los fondos se obtuvieron mediante una postulación al programa Eurosocial de la Unión Europea y brinda asistencia técnica para la elaboración de este documento, que contendrá medidas concretas y que se espera termine su elaboración próximamente.
"Lo que buscamos es establecer un sistema unificado de protección al denunciante, tanto en el sector público como en el privado (...). La idea es generar un mecanismo que nos permita, sin necesidad de modificaciones legislativas, establecer protocolos interinstitucionales", plantea la abogada Marta Herrera, directora de la Unidad Anticorrupción del Ministerio Público.
La jefa de esta área de la Fiscalía Nacional explica que hoy la protección al denunciante de corrupción penalmente no existe. "La ley 20.205 solo establece ciertas garantías, pero administrativas, y eso es insuficiente y acotado", asegura.
Agrega que esa normativa, promulgada en 2007, solo fija ciertos derechos a los funcionarios denunciantes como, por ejemplo, que no pueden ser objeto de medidas disciplinarias de suspensión de empleo o destitución por un período determinado. Y se pregunta: "¿Qué protección le puedo dar yo como fiscalía si la persona me viene a decir que teme a las represalias que puede tener en su trabajo, que piense que lo puedan despedir, que le puedan dar condiciones desmejoradas?"...
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