Financiamiento de derechos sociales - 24 de Abril de 2022 - El Mercurio - Noticias - VLEX 901238873

Financiamiento de derechos sociales

La discusión sobre derechos sociales corre el riesgo de transformarse en una especie de catálogo de prestaciones que las personas tendrían derecho a recibir por parte del Estado, en vez de principios que guíen la acción legislativa y las políticas públicas. Esta perspectiva levanta una serie de interrogantes.Por de pronto, surge la pregunta respecto del alcance de los derechos sociales garantizados. Por ejemplo, el pleno de la Convención aprobó un artículo según el cual "toda persona tiene el derecho a una vivienda digna y adecuada, que permita el libre desarrollo de una vida personal, familiar y comunitaria", sin precisar hasta dónde llega aquella obligación y el significado de los términos "digna" y "adecuada". Lo aprobado en áreas como salud, educación y pensiones va más allá, e impulsa a que sea el Estado el que provea estos servicios, bloqueando la posibilidad de que instituciones privadas debidamente reguladas participen en ello.Complejizan el debate las exigencias fiscales de un esquema como este. La obligación de garantizar y proveer estos derechos -y su inevitable judicialización- eleva la presión al financiamiento público, y es ilusorio pensar que la incorporación de un principio de responsabilidad fiscal pueda evitarlo. El artículo aprobado en este último punto es positivo, al establecer que "las finanzas públicas se conducirán de conformidad a los principios de sostenibilidad y responsabilidad fiscal, los que guiarán el actuar del Estado en todas sus instituciones...

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