El fin de una reforma equivocada
Ahora se dispone, tardíamente, a ensayar un nuevo y más modesto rumbo. ¿En qué consiste? ¿Y qué deja tras de sí al dar este giro?
Partamos por la última pregunta. Transcurridas tres cuartas partes de su período, la administración Bachelet exhibe un balance negativo en este sector. No hubo una política coherente. El Ministerio de Educación careció de carta de navegación y se dejó zarandear por las presiones y demandas de su entorno.
El eje de la política oficial -la gratuidad universal- fue gradualmente desvaneciéndose por inviable y por los estropicios que causaba. En su reemplazo se instaló una gratuidad focalizada vía glosa presupuestaria, cuya torpe aplicación desencadenó efectos imprevistos y generó daños colaterales.
¿Cuál es el nuevo rumbo anunciado?
En lo básico, una minuta oficial con carácter reservado anuncia que una indicación sustituirá al proyecto inicial, al que da por fracasado, recortándolo en alrededor de un 40% de su articulado. En paralelo, introducirá un nuevo proyecto de ley sobre universidades del Estado.
Esto significa que el Gobierno ha renunciado a legislar para el conjunto de nuestro sistema de provisión mixta, cuya protección, regulación, fomento y mejora es un deber fundamental del Estado. En concreto, deja a un lado al sector institucional de gestión privada que agrupa a la mayoría de las instituciones, la matrícula, las publicaciones académicas y los recursos dedicados a la formación de capacidades humanas altamente calificadas. Sin duda, un serio retroceso.
Así, la suerte del sistema queda entregada a una indicación sustitutiva que seguramente no alcanzará a discutirse (en serio) durante lo que resta de la actual administración. En caso de abordarse, necesitaría ser repensada en su integridad. Pues carece de una visión de futuro; esquiva el tema de la naturaleza, funciones y clasificación de las instituciones; no crea una adecuada gobernanza para un sistema mixto; mantiene controles incompatibles con la autonomía de las organizaciones académicas; deja en el aire aspectos fundamentales del aseguramiento de la calidad y la fiscalización, y no ordena el financiamiento de las instituciones y los estudiantes.
En suma, en vez de corregir y mejorar la propuesta oficial, se le metió tijera, creando nuevas inconsistencias y ensanchando la incertidumbre.
Por lo que toca al proyecto sobre universidades estatales, su propósito carece de sentido. Busca, según la minuta reservada, que las universidades del Estado "se...
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