Las fallas del sistema que permitió que uno de los formalizados por bombazo estuviera en libertad
Tras 14 meses, esta semana fue formalizado como autor de la colocación de la bomba en el Subcentro de la estación Escuela Militar -que dejó 14 heridos-, de otros dos artefactos en comisarías capitalinas y por la tentativa de instalar otro artefacto explosivo, luego de que en su casa se encontrara pólvora, alquitrán y otros elementos.
Juan Flores estaba con libertad vigilada, cuyo nuevo régimen entró en vigencia para descongestionar las cárceles en diciembre de 2013 (Ley 20.603) y que "consiste en someter al penado a un régimen de libertad a prueba que tenderá a su reinserción social a través de una intervención individualizada, bajo la vigilancia y orientación permanente de un delegado".
Este delegado debe supervisar y facilitar que el penado trabaje o estudie, mantenga buen comportamiento familiar y social, y se someta a tratamiento de drogas si lo necesita, entre otras acciones.
Según la carpeta de Juan Flores, en la última visita domiciliaria del supervisor la madre declaró estar tranquila porque veía a su hijo trabajando y abocado al preuniversitario.
Hasta el 31 de agosto pasado, había 9.150 personas con libertad vigilada, tras cometer delitos como robo y tráfico de drogas, y 1.532 con libertad vigilada intensiva -un beneficio que supone mayor control-, para crímenes como homicidio y delitos sexuales. Ellos deben ser supervisados por 474 delegados -psicólogos o asistentes sociales contratados por Gendarmería- divididos en todas las regiones del país, y que tiene a su cargo entre 20 y 30 personas.
¿Qué tan eficaces son estas penas? Tras la detención de Flores, la Presidenta Michelle Bachelet aseguró en una entrevista televisiva que en la libertad vigilada "probablemente hay una tarea de Gendarmería que obviamente no se está cumpliendo" y esta semana el Ministerio de Justicia anunció una completa revisión al sistema de cumplimiento de penas y de reinserción.
Según los expertos y actores del sistema, la falta de recursos, de seguimiento y de programas de intervención hacen que el sistema no esté operando correctamente.
Controles una vez al mes en un solo auto o en barcaza
Una de las principales críticas es la carga de trabajo de los delegados. La abogada y profesora de derecho penal en la UC María Elena Santibáñez dice que estos, al tener muchos penados asignados, no logran hacer un control frecuente y exhaustivo de los planes de intervención.
Los delegados coinciden con este diagnóstico. Mauricio Droguett es delegado de un Centro de...
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