Facilitadores de proceso constituyente recibirán pago por $3,3 millones
Estos monitores serán contratados -no requerirán dedicación exclusiva- y su labor se prolongaría por cuatro meses, tiempo en el que el Ejecutivo pretende concluir con los diálogos por cada región del país. Por el cumplimiento de sus tareas, cada facilitador recibirá un sueldo bruto de alrededor de $3.3 millones por todo el proceso.
El cronograma de la Secretaría General de la Presidencia (Segpres) contempla que el proceso de selección -que se realizará a través del sistema de Alta Dirección Pública (ADP)- se extienda hasta la segunda semana de marzo. En tanto, las últimas dos semanas de ese mes serían utilizadas para capacitar a los facilitadores escogidos y, así, iniciar los cabildos durante el mes de abril.
En general, en la selección de cargos públicos que realiza ADP, se espera que concurse el doble de personas que finalmente se requieren. Así, idealmente, en el proceso de selección debiesen llegar cerca de 500 nombres interesados. En este contexto, la Secretaría General de Gobierno (Segegob) tendrá a su cargo la campaña comunicacional que pretende informar y convocar a la mayor cantidad de concursantes que cumplan con el perfil.
Perfil del facilitador y militancia política
Los requisitos para entrar en el concurso público fueron determinados por la Segpres, en diálogo con el Consejo de Observadores para el proceso constituyente, que lidera el abogado Patricio Zapata.
Extensas reuniones sostuvo el gobierno con el Consejo para buscar el perfil requerido para los facilitadores. Considerando la crítica que ha sostenido la oposición respecto de que podrían convertirse en "operadores políticos" que terminen adoctrinando a la ciudadanía, una de las principales discusiones se situó en torno a si ellos podrían o no ser militantes de partidos políticos. Al respecto se definió que, si bien podrán estar afiliados a un partido determinado, no podrán ser dirigentes políticos.
Así, el Consejo propuso al Gobierno inhabilitar a los alcaldes, concejales y consejeros regionales, o a personas que sean candidatas a dichos cargos. El grupo también sugirió dejar fuera a directivos nacionales y regionales de partidos, autoridades de gobierno o funcionarios del Estado con dedicación exclusiva. Sobre este último punto, sin embargo, el Consejo explicitó que no se debe marginar a personas que desempeñen tareas docentes en instituciones públicas, ya sean colegios o universidades.
Junto con ello, la entidad también propuso que el proceso de selección debe propender...
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