Los exconscriptos que denuncian el primer accidente nuclear en Chile
Las paredes del living de la casa de Guillermo Cofré (73) y María López (67) están cubiertas con fotos familiares. Algunas desteñidas por el sol que cae sobre la villa Don Rodrigo, de Curicó. En una de ellas aparece el único hijo hombre del matrimonio -llamado igual que el padre-, sonriente y con su uniforme de conscripto. El registro es de 1988 cuando comenzó el servicio militar. Un año después falleció de un agresivo cáncer a la sangre.Sobre la mesa del comedor, una carpeta con cientos de papeles, oficios legales y certificados de defunción son atesorados por Cofré. Entremedio de las hojas se cuelan otras fotos de su hijo vestido de militar en la comuna de Pudahuel, posando afuera del Centro de Estudios Nucleares Lo Aguirre, donde fue asignado para hacer la guardia.Los documentos corresponden a una demanda civil de 69 familiares y exconscriptos que dicen haber sufrido las consecuencias de un accidente nuclear en la central de Lo Aguirre en 1989. La iniciativa de reunirlos a todos la tomó el mismo Cofré tras enterarse, dos décadas después de la muerte de su hijo, que él había estado en el recinto al momento de los hechos.Cofré dice que por años intentó explicarse por qué un joven sano, que antes no había presentado síntomas de alguna enfermedad, murió de leucemia en menos de siete meses. Parte de la respuesta, asegura, la encontró en algunos compañeros de su hijo que estuvieron con él en Lo Aguirre: cinco de los conscriptos habían fallecido con diagnósticos similares y el resto padecía de algún tipo de cáncer, enfermedades crónicas y dolores. Otros, incluso, tuvieron hijos con malformaciones.En 2011, el grupo de exconscriptos y algunos familiares demandaron al fisco por 46.300 millones de pesos en total por concepto de daño moral -según detalla la carpeta de la demanda-, convirtiéndose así en la primera acción legal realizada por un accidente nuclear en Chile. En el 2005, 16 años después de lo sucedido en Lo Aguirre, un nuevo accidente nuclear ocurrió en la construcción de la planta Nueva Aldea de la Celulosa Arauco, que resultó con 40 trabajadores afectados por la manipulación de una cápsula radioactiva. La demanda terminó sin culpables y con una multa cercana a los 50 millones de pesos para la celulosa.Desde entonces, los exsoldados comenzaron a reunirse mensualmente. Conversaban de lo que había sucedido, trataban de recordar nombres y hechos, pero con los años algunos perdieron el interés en la demanda y otros fallecieron. Las reuniones se espaciaron cada tres meses y después una vez al año. Hoy, solo algunos esperan la sentencia, el resto asumió que el resultado no será favorable para ellos.El 1 de marzo de 1988, 66 jóvenes, entre 18 y 19 años, iniciaron su servicio militar obligatorio en el Regimiento de Telecomunicaciones Nº 3, en Curicó. Uno de ellos era Guillermo Cofré.Durante un año, los conscriptos se entrenaron y prepararon a través de ejercicios y campañas. Según un informe entregado por el Ejército -incluido en la carpeta de la demanda-, los soldados permanecieron en Curicó hasta el 31 de diciembre de 1988. Al día siguiente, los trasladaron a otra unidad: la Compañía de Protección Física de Instalaciones Nucleares. Allí serían divididos en grupos para cumplir funciones de guardia y seguridad en los dos centros de estudios nucleares que existían entonces en Santiago, Lo Aguirre (en Pudahuel) y La Reina (en Las Condes), que operaban bajo el protocolo de la Comisión Chilena de Energía Nuclear.De noche y en tren, los jóvenes viajaron a la capital. José Huerta (50), parte del grupo de conscriptos, relata que nunca les dijeron hacia dónde iban. Para la mayoría, esta era la primera vez que salían de Curicó. Solo al llegar a las centrales, los soldados se enteraron de la misión que tendrían, pero ninguno sabía bien qué se hacía en esos recintos. Huerta asegura que...
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